Por: Redacción

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, hizo un llamado al Senado de la República para que agilice el proceso de dictaminación de la Ley General en materia de Trata de Personas y para la Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, la cual se encuentra en ese órgano legislativo desde noviembre de 2015.

Durante la clausura del Foro Internacional “La Explotación Sexual: Violación de Derechos Humanos”, el diputado pidió que se dé impulso político para concluir este proceso, a fin de que el país cuente con una ley de estas características, y se comprometió a integrar las conclusiones de estos trabajos a la agenda legislativa.

Destacó que los diputados presentaron 30 iniciativas en la anterior legislatura y 15 en la actual, acerca de este tema, las cuales se están procesando, y se pronunció por sumar esfuerzos para diseñar políticas que aminoren este delito.

Afirmó que ningún diputado ha cuestionado la pertinencia de trabajar en este tema, por lo que en la escala de las prioridades de la agenda legislativa, falta ascender y comprometernos con esta tarea.

“El compromiso es avanzar en los pendientes para juntos hacer lo necesario y poder contar con instrumentos legislativos que doten de mejores herramientas al Estado mexicano para combatir la trata de personas”.

Expresó “muchos de los que hoy pueden hacer algo no lo hacen o porque no lo conocen o porque no lo han sufrido. No debemos esperar a que pase una circunstancia que después se lamente, sino comenzar a diseñar estrategias que eviten este lacerante flagelo que estamos viviendo en pleno siglo XXI”.

Expuso que de acuerdo con datos del INEGI, más de cien mil mujeres fueron forzadas a realizar un trabajo sexual; por ello, es necesario trabajar de manera armónica para combatir y prevenir el tema de la trata de personas.

La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Mariana Arámbula Meléndez (PAN), afirmó que la realidad de este problema lesiona los derechos humanos de millones de hombres, niños y mujeres en el todo el país.

Indicó que este fenómeno lastima profundamente al ser humano, a familias y por consecuencia a sociedades; sus víctimas sufren innumerables restricciones, son golpeadas, asesinadas, privadas de cualquier atención médica y pocas veces alimentadas.

Además, son negadas a gozar de sus derechos naturales y forzadas a vivir condiciones inhumanas o peligrosas, sometidas sexual y laboralmente por días, años, hasta que puedan liberarse o llegan a la muerte.

La legisladora se comprometió a impulsar reformas de protección a la infancia en materia de delitos sexuales, que sean eficaces y efectivas, a fin de poner freno a estos actos aberrantes en contra de la dignidad de las personas.

“La esclavitud no está abolida, está a la orden del día. Ya es tiempo de dejar los discursos y comenzar la acción para hacer frente a esta lamentable actividad”.

Sulma Eunice Campos Mata, representante de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, dijo que esta dependencia busca la coordinación de los tres niveles de gobierno para capacitar a los funcionarios públicos, vincular a la sociedad civil y promover la prevención, persecución y sanción del delito y con ello, garantizar la protección de las víctimas.

Detalló que la fiscalía especializada ha creado un refugio en el que se les otorga seguridad temporal y herramientas que contribuyan a reintegración de la sociedad de las víctimas.

Indicó que para mejorar la atención de las víctimas de trata se requiere la profesionalización de los investigadores de este delito, además de diseñar ordenamientos jurídicos eficientes que permitan abatir la impunidad de este fenómeno delictivo.

Reiteró que el principal objetivo de la PGR es proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad y las víctimas de trata, mediante la elaboración de protocolos de prevención y atención.

Samuel González Ruiz, analista en Seguridad, señaló que la legislación en materia de trata de personas debe integrar el concepto de explotación sexual y replantear los elementos comisivos para las sanciones penales, ya que factores como el engaño y abuso de poder son difíciles de probar ante un juez.

Resaltó que la ley mexicana tiene un artículo que sanciona con prisión de 20 a 40 años a la persona que use o consume un servicio o un producto vinculado con la trata de personas, cuando lo hace a sabiendas; sin embargo, en los cuatro años su implementación, el ordenamiento nunca ha sido utilizado.

Esto es lamentable, dijo, ya que esta sanción permitiría castigar a los usuarios que contratan servicios sexuales de niños y adolescentes.

Apuntó que México debe abordar el delito de trata desde distintos puntos de vista para lograr disminuir la demanda, a través de campañas de información, trabajo cultural y un sistema de seguridad pública que prevenga este fenómeno.

Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que la comercialización de los cuerpos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no es más que el producto de este modelo de la economía que “está llevando a la objetivización y la comercialización” de los seres humanos. — ooOoo —