Por: Redacción/
Los diputados del GPPRD Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, propusieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que atienda de manera pronta y expedita las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la comisión de diversos delitos relacionados con el desvío de diversos recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI en la entidad, durante los comicios de 2016, en particular, la denuncia presentada por el legislador perredista Agustín Basave Benítez.
También para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la posible conexidad de la causa penal seguida en contra de Borge Angulo con otros delitos, que se pudieran derivar del desvío de recursos públicos de la entidad, la creación de empresas fantasmas, así como la complicidad de familiares y colaboradores que están señalados en las indagatorias.
Sin embargo, indicaron, la PGR en la causa penal 351/2017 sólo lo acusó por presunto lavado de dinero y desfalco al erario estatal por 900 millones de pesos de la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
Mediante un punto de acuerdo, los legisladores refirieron que el pasado 4 de enero, el ex gobernador priista de Quintana Roo fue finalmente extraditado a nuestro país desde Panamá, después de una búsqueda por diferentes países donde se presumía estaba refugiado.
Agregaron que “a pesar de que existen otras denuncias y hechos que deben ser investigados por la misma PGR. Por ejemplo, siguen pendientes de aclarar qué pasó con el pago de 500 millones de pesos por la renta de aeronaves privadas, mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje o los mil millones de pesos sin aclarar de las auditorías realizadas por la Auditoria Superior de la Federación.
A Borges, indicaron, no se le ha imputado algún delito electoral, por parte de la FEPADE, a pesar de que existen elementos suficientes que obran en las constancias ministeriales desde agosto de 2017 para vincularlo a proceso así como a otras personas ligadas íntimamente a este caso, como el Secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante la administración de Borge y contra el ex dirigente del PRI estatal Raymundo King, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016, que habrían sido destinados a la campaña del candidato priista Mauricio Góngora Escalante.
Cabe recordar que el PRD presentó una denuncia desde junio de 2016 ante la FEPADE, por conducto del diputado Agustín Basave, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar al candidato del PRI a la gubernatura del estado.
Esta denuncia fue acompañada de pruebas documentales fehacientes, que constan de recibos por un total de 201 millones de pesos, que fueron firmados por el secretario del SEFIPLAN y el candidato del PRI, como su receptor.
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