Por: Redacción

El respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno Federal otra vez está en entredicho, luego de que 474 pacientes con hidrocefalia hipertensiva fueron sometidos, de manera ilegal, a una cirugía experimental en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), caso en el que deben intervenir la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacerles justicia, al tratarse de un asunto que puede alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad.

Así lo manifestó la diputada federal Araceli Damián González, quien explicó que las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo entre 1993 y 2007, sin el respaldo del trabajo de investigación, ni la autorización de los pacientes al personal médico y autoridades del INNN.

En ese sentido, la Presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aseveró que en nuestro país se vive una crisis de derechos humanos, en la que el Gobierno mexicano no ha entendido que es mediante la impartición puntual de la justicia como se detendrán los atentados a éstos.

Agregó que en este caso –del cual se desconoce su verdadera magnitud–, el Ejecutivo Federal tiene que aceptar que hubo víctimas de un experimento médico que requieren la pronta reparación del daño.

“Todo ser humano tiene derecho a conocer el momento en que se va a realizar un experimento con su cuerpo; está en la Ley General de Salud. Además todo lo relacionado con el proceso de investigación, los efectos secundarios y el nombre de la institución que se hará responsable de imprevistos y gastos posoperatorios”, puntualizó.

Damián González exigió a la PGR que realice las investigaciones necesarias sobre este abuso a los pacientes operados de forma ilegal, ya que podría superar por mucho el número de expedientes registrados.

En tanto, añadió, que la CNDH retome el asunto ante un daño que podría alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad, y en el cual se involucra de manera protagónica al doctor Julio Everardo Sotelo, exdirector general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

La legisladora federal de Morena recordó que ante la relevancia que tiene el caso, el pasado 11 de julio la Red Solidaria “Década contra la Impunidad” realizó una conferencia de prensa en la que participó junto con el obispo Raúl Vera, el religioso Julián Cruzalta y el neurólogo Rodolfo Ondarza, estos últimos defensores de derechos humanos.

Comentó que en dicho evento –que se efectuó en el Club de Periodistas– Ondarza y Cruzalta informaron que este lamentable caso ya fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Señaló que además presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Secretaría de Salud rinda un informe al respecto.

Finalmente, los ponentes coincidieron en que han sido diez años de denuncias por parte de pacientes y médicos sin obtener resultados, con despidos injustificados contra quienes han levantado la voz e incluso con una tentativa contra la vida del doctor Ondarza, quien fue integrado al Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.