Por: Roberto Barco Celis

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que “en relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”.

La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del gobierno federal, el día 4 del mes en curso, señaló la PGR.

La denuncia en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue presentada por el presidente de la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Antonio Ortega Sánchez, y en ella señaló a Álvarez Icaza como presunto  responsable de un supuesto fraude por dos millones de dólares en contra del gobierno mexicano.

El también litigante, sostuvo en su demanda que Álvarez Icaza solicitó esos recursos  para que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvaran con el gobierno mexicano en la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014.

Cuando se conoció que la PGR inició la averiguación previa a solicitud de Ortega Sánchez, Emilio Álvarez Icaza denunció que México está entrando “en una regresión autoritaria” al integrar una investigación por una denuncia penal “temeraria e infundada”.

“Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”.