Por: Redacción/

Ante las agresiones que sufren de manera cotidiana los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual en México, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a investigar los crímenes de odio, así como consignar a los responsables de éstos, exigió el diputado Sergio René Cancino Barffuson.

Sostuvo que a pesar de la gran cantidad de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales firmados por nuestro país, el derecho de igualdad y la no discriminación hacia dicha comunidad dista mucho de convertirse en una realidad en nuestro país y que sea una obligación para su observancia por parte del Estado mexicano.

El legislador federal de Morena calificó de dramático el panorama que enfrentan las personas lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTI), a quienes se les vulnera, agrede, lastima y asesina sólo por su condición sexual, sin que nadie vele por la aplicación de la ley y la garantía de sus derechos.

“México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia, sin que ello obligue a nuestras autoridades a evitar que las investigaciones y la persecución del delito se vean entorpecidos y queden sin resolver, desde el momento en que se clasifican como delitos típicos de homosexuales o pasionales, haciendo de la víctima el responsable del hecho violento, sin que amerite la impartición de justicia”.

Cancino Barffuson señaló que debido a esa problemática, presentó un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la PGR a que de inmediato investigue y consigne ante los tribunales a los responsables de los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI, ya que se han multiplicado este año y es urgente frenar la ola de violencia hacia ese sector.

“Entre 2014 y 2016, más de 200 personas fueron asesinadas en México por su orientación sexual o identidad de género, colocando al país sólo por debajo de Brasil en este tipo de crímenes, según ha documentado la Organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos”, recalcó.

Al respecto, destacó que en la PGR existe un protocolo de actuación para casos de crímenes de odio, en el cual se establece una guía legal para funcionarios y que obliga a los policías ministeriales, investigadores y personal relacionado a garantizar la persecución del delito, su acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

El legislador federal por Veracruz destacó que su Punto de Acuerdo también implica la exigencia de que en todos los casos se aplique el protocolo de actuación para quienes imparten justicia, conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de la población LGBTI.