Por: Redacción/

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación presentadas en el año 2012 por el uso de documentos falsos, que le habría correspondido expedir al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que la información solicitada se encuentra relacionada con la necesidad de esclarecer el debido uso y manejo de los documentos necesarios para el desarrollo adecuado de las etapas de los procesos electorales.

“La máxima publicidad y transparencia, consagradas en nuestro artículo 6 constitucional, en los ejercicios electorales son condición para retomar la confianza ciudadana, pero también para incentivar la participación ciudadana y, consecuentemente, coadyuvar a la garantía de los derechos civiles y políticos de las y los mexicanos”, afirmó.

Puente de la Mora, destacó que, a 143 días de la próxima jornada electoral, la transparencia representa un eje primordial. Contar con información veraz y oportuna es necesario para una toma de decisiones conscientes y a favor de México.

“La información pública es un elemento básico para fortalecer el diálogo y el trabajo colaborativo entre funcionarios y la población. Ejemplo de ello, es que en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCIVICA) se estableció como línea de acción prioritaria la generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía”, apuntó la comisionada.

Cabe señalar que, en México, más de 87 millones de ciudadanas y ciudadanos se encuentran inscritos en el Padrón Electoral. En las elecciones del 2018, se elegirán más de 3 mil 400 cargos a nivel local y federal. Además de que se realizarán elecciones locales en 29 entidades federativas.

“Por ello, la participación informada de la población es esencial, pues influirá en la estructura política que nos regirá en el mediano y largo plazo. La participación ciudadana no sólo es fundamental para la legitimidad del sistema político, sino también es muestra de su buen funcionamiento”, destacó la comisionada.

Entre el año 2012 y 2017, las estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con el 83% del total de las investigaciones, revelaron que la alteración del registro federal de electores es el ilícito más común en la materia. Seguido por la compra de votos y el desvío de recursos para favorecer la elección de candidatos.

En este contexto, una particular solicitó que se le proporcionara cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se iniciaron en 2012 por documentos falsificados que le hubieren correspondido expedir al IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE).

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con la información con el nivel de detalle solicitado; sin embargo, remitió datos estadísticos relativos al total de las indagatorias iniciadas con motivo de las denuncias por delito de falsificación de documentación, presentadas por el IFE y el INE ante el sujeto obligado entre enero de 2012 a julio de 2017.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la PGR no le proporcionó la información solicitada.

Del análisis del caso, se desprendió que la respuesta no correspondía a la información requerida, pues la particular no distinguió entre el ente público o persona que presentó la denuncia, sino que únicamente indicó que la comisión del ilícito estuviera relacionada con la expedición de aquellos documentos que le habría correspondido expedir al IFE, en el año 2012.

Por otra parte, el sujeto obligado omitió turnar la solicitud al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, la Coordinación General de Delegaciones y las 32 Delegaciones Estatales.

En ese sentido, es posible determinar que la PGR no dio cabal cumplimiento al procedimiento de búsqueda de la información, debido a que no remitió la solicitud al total de unidades administrativas que pudieran tener la información requerida, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

Con base en los argumentos presentados, se concluyó que el sujeto obligado fue omiso en realizar una búsqueda exhaustiva de la información que atendiera el requerimiento de la particular, toda vez que efectivamente la respuesta otorgada no atiende a lo requerido de manera específica y congruente.

Por lo anterior, el Pleno del INAI, a propuesta de la comisionada Ximena Puente, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó llevar a cabo una búsqueda exhaustiva del número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se iniciaron por la probable comisión del delito de uso de documentos falsos, en el año 2012, en todas las unidades competentes y en cada una de las 32 Delegaciones Estatales, para que entregue la información solicitada al particular.