Por: Redacción/

La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el número de denuncias por el delito de tortura presentadas de 2006 a 2017; la información deberá estar desglosada por año, institución a la que pertenecía la autoridad responsable y el delito, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó que hacer pública esta información contribuye a despertar la conciencia de las autoridades y de la población en general, sobre la necesidad de evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en tales casos y conservar viva la memoria de la víctima.

“Acceder a las bases de datos de una institución como la Procuraduría General de la República respecto al tema que nos ocupa, nos permitirá garantizar el acceso a los datos que nuestras instituciones en materia de seguridad documentan, ya que dará lugar a construir mecanismos eficaces de información que nos ayuden a contar con datos tangibles para medir el fenómeno de la tortura”, afirmó.

Puente de la Mora subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas no se agotan como objetos de estudios en abstracto, sino como mecanismos que la ley otorga para hacer mediciones de los grandes problemas nacionales, como los derechos humanos y la procuración de justicia.

“Estimamos que la entrega completa y precisa de los datos oficiales sobre hechos de tortura, propicia la responsabilidad institucional de generar información oportuna que contribuya a fortalecer una mejor toma de decisiones, en la generación de políticas públicas y en una mayor eficacia de los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en México”, añadió.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas y el organismo nacional, recibieron en total de 11 mil 504 denuncias sobre casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 985 de tortura, representando poco más del 55 por ciento del total de hechos violatorios de la seguridad e integridad personales.

En este contexto, un particular solicitó el número de denuncias que se han interpuesto por el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes del año 2006 al 23 de octubre de 2017, desagregado por institución a la que pertenecía la autoridad responsable, delito y año.

En respuesta, la PGR proporcionó al particular información estadística sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura de 2015 a 2017. Inconforme con los datos entregados, el ahora recurrente, interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información no correspondía con lo solicitado, ya que no se le entregó el dato de las denuncias peticionadas.

En alegatos, el sujeto obligado señaló que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) únicamente cuenta con el rubro “averiguaciones previas y carpetas de investigación” relacionadas con el delito de tortura y no permite desagregar la información con las características requeridas por el particular.

Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Puente de la Mora advirtió que la PGR entregó información que no correspondía con las denuncias presentadas, mientras que, en solicitudes anteriores, proporcionó el número de denuncias relativas al delito de tortura desglosadas por año.

Además, el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley en la materia, pues omitió turnar el requerimiento de información a todas las unidades administrativas competentes.

Por lo anterior, el Pleno del INAI, a propuesta de la comisionada Ximena Puente de la Mora, determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una nueva búsqueda del número de denuncias presentadas ante el sujeto obligado por el delito de tortura, desagregado por institución a la que pertenece o pertenecía la autoridad responsable, delito y año; en el periodo 2006 al 23 de octubre de 2017; turnando el requerimiento a todas las unidades administrativas competentes.