Por: Aldo Herrera
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Policía Federal a proporcionar versiones públicas de distintos informes y documentos elaborados por servidores públicos de la Policía Federal,adscritos a la corporación Guerrero entre el 24 y 30 de septiembre de 2014, incluyendo los relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de bitácoras de servicios y de radio, tarjetas informativas, parte de novedades
ocurridas durante 24 horas, órdenes económicas de servicio, dictámenes técnicos, puestas a disposición ante el Ministerio Público entre el 24 y 30 de septiembre; algunos de dichos documentos elaborados con motivo de los hechos ocurridos en los días 26 y 27 de ese mismo mes de 2014.
El sujeto obligado había clasificado la información que fue requerida mediante dos
solicitudes distintas. La negativa fue impugnada por los particulares a través de sendos
recursos de revisión turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn
Villalobos.
En su respuesta y alegatos, la Policía Federal argumentó que la información solicitada forma parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo investigaciones o diligencias; que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo; que se darían a conocer datos de su “Estado de fuerza”, su estructura y estrategias; y que además existen datos personales que son confidenciales.
En los recursos de revisión se aludió que la información debió proporcionarse por
considerarse que el interés en su difusión es mayor al de reservarse de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley en la materia, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos.
El sujeto obligado señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido pronunciamiento al respecto ni el Ministerio Público de la Federación lo ha dictaminado.
Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la
información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.
Para el caso de los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fue necesario ponderar dos intereses en
conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el
interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V.
En el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la CNDH y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan
relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, sustenta la resolución.
De esta manera, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Policía Federal e
instruirle a que proporcione la información solicitada en versión pública, testando los datos que hagan identificables a servidores públicos con funciones de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco, tales como sus nombres, firmas, datos de identificación de sus unidades móviles, las matrículas y sellos, así como sus fotografías.
Asimismo, datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades,
domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables
vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y
autopatrullas de la Policía Federal, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la
Policía Federal.
Finalmente, instruye a que la información considerada reservada mantenga tal carácter por un periodo de tres años, mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información.
No Comment