Por: Redacción

Aunque innecesariamente prorrogada, la interposición del recurso de anticonstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversos artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, fue pertinente, indicó la senadora Angélica de la Peña.

Era preocupante que la CNDH no hubiera presentado este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque, conforme el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacerlo tenía un plazo legal de 30 días naturales posteriores a la publicación de los decretos en el Diario Oficial de la Federación, esto es, a partir del 16 de mayo de 2016.

Recordó que durante el debate legislativo, tanto en comisiones como en el pleno, el PRD en el Senado advirtió del excesivo alcance que tendría la jurisdicción militar en la esfera de las y los ciudadanos.

Existe además coincidencia con las observaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que ambos decretos contienen aspectos preocupantes, particularmente en un contexto donde la indebida función que realiza el Ejército y la Marina en materia de seguridad pública ha puesto a la ciudadanía en grave riesgo.

Un análisis rápido de los cambios aprobados en el Senado de la República desvelaba que se podrían trasgreder 12 artículos de la Constitución Política; 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 4 más del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticamente estaríamos frente a un estado de excepción, ya que en el documento de acción de inconstitucionalidad de la CNDH se estima que entre los derechos humanos que serían violados están la prohibición de la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles; los derechos a la libertad personal, de acceso a la información, de libertad de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la vida privada, a la protección de datos personales, y a la presunción de inocencia, así como los principios pro persona y de legalidad.

Insistió la senadora del PRD en que el pasado 29 de abril el Pleno del Senado de la República aprobó como Cámara Revisora ambos proyectos de decreto con demasiada premura, de madrugada y sin los consensos indispensables.

Pareciera que el Estado mexicano no aprende de todas las recomendaciones y señalamientos que le hacen organismos nacionales e internacionales e insiste en colocar en una situación de vulnerabilidad a las fuerzas armadas al dotarle de facultades contrarias a la Constitución.

“Esperaremos la resolución de la SCJN, pero de manera paralela trabajaremos en la redacción de una propuesta para dotar a las fuerzas armadas de una legislación que garantice la protección de los derechos humanos, acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.