Por: Redacción

A pesar de programas, políticas públicas y armonización de los ordenamientos nacionales con la legislación internacional, y de los importantes avances en contra de la discriminación, aún no se ha logrado erradicar, ya sea por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o por identidad de género, lamentó la senadora Cristina Díaz.

Dijo que de acuerdo a una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una de cada dos personas homosexuales, lesbianas y bisexuales considera que el principal problema al que se enfrentan es a la discriminación contra la diversidad sexual.

Ante esta situación, propuso reformas a los códigos Civil Federal y Penal, en las que, entre otras cosas, plantea que las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género, previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia.

Señaló la necesidad de realizar medidas legislativas, a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo certificados de nacimientos, pasaportes, registros electorales, y otros documentos, reflejen la identidad de género que la persona defina para sí.

La expedición de nuevas actas de nacimiento para aquellas personas que ejercen su derecho a la identidad de género, mediante el cambio de nombre y sexo establecido en su primer acta, es un paso necesario y obligatorio para el Estado mexicano, a fin de cumplir con el principio y derecho de igualdad y no discriminación, consideró.

Dijo que es importante continuar con la revisión y, en su caso, derogar preceptos en las leyes que resulten discriminatorias; formular políticas públicas que promuevan y garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad; fortalecer la participación ciudadana; e incluir de forma seria y objetiva una perspectiva de derechos en los planes educativos, que conduzca a la valoración de la diferencia cultural y humana.

“Es importante destacar que este tipo de delitos representan un daño profundo a la sociedad y es necesario imponer penas más duras para garantizar una mayor protección a estos grupos que resultan de una situación de especial vulneración”, agregó.