Por: Redacción

La Comisión Permanente exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración la igualdad para todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen, aprobado por el Pleno en votación económica, destaca que es buen momento para que el SAT, en preparación al ejercicio fiscal 2017, efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para realizar los cambios que reflejen esta igualdad en el pago de contribuciones aduaneras, como las franquicias por ingresos, a fin de que dicho pago sea equilibrado.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, expuso en la tribuna de la Comisión Permanente que el caso de las reglas de comercio exterior pone en evidencia la necesidad de que disposiciones legales y reglamentos armonicen sus articulados con las disposiciones constitucionales.

La legisladora señaló que las obligaciones fiscales de los mexicanos son variables, si se consideran las reglas que rigen al consumo de productos en la franja fronteriza, frente al resto de la población del país que está regida con otras normas para el pago de las contribuciones aduanales, por lo que se debe adecuar a efecto de dar un trato igualitario a todos los mexicanos.

En las consideraciones del dictamen se expone que recientemente se le ha dado mayor énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, tal como sucedió con la homologación al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en todo territorio nacional.

A pesar de ello, precisa, los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros están en desventaja respecto de los del centro del territorio nacional, al imponerles un tope de sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, cuyo tope es de 400 dólares.

Esta restricción coloca en una situación de desventaja a los residentes de la franja fronteriza, perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con el resto de los habitantes del país, a quienes se les permite ingresar mayor número de productos o de un valor mayor, lo que es contrario al espíritu constitucional.

Esta distinción no se encuentra justificada por algún argumento de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que operan desde 2014, incluyó la homologación al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa preferencial del 11 por ciento a la zona fronteriza, basada en la inequidad que implicaba la realización de operaciones a diferentes tasas.

Ante esta circunstancia, la senadora hizo énfasis en la necesidad de que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de igualdad este contenido en sus respectivos articulados.