Por: Estefania Morales y Patricia Ramírez

En conferencia de prensa periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron espionaje laboral y personal presuntamente realizado por el gobierno federal a través del software Pegasus de la empresa SNO Group, el cual mediante mensajes de texto con enlaces, logró acceder al micrófono, cámara e información personal de los celulares inteligentes de los denunciantes.

Esta demanda se realizó a través de la Procuraduría General de la República (PGR) basado en un informe que recopila las investigaciones de las organizaciones civiles R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC), Citizen Lab y Artículo 19, el cual el periódico estadounidense New York Times publicó esta mañana en primera plana e informa que la venta de dicho software es sólo para gobiernos y fue creada con el propósito de investigar a criminales y terroristas, sin embargo, desde 2015 hasta la actualidad se registran 76 ataques a periodistas, defensores y activistas, con un costo de 77 mil dólares por espionaje e invasión, dinero presuntamente proveniente del erario público.

Por el momento no existen pruebas que responsabilicen por completo a las autoridades mexicanas, ya que Pegasus no deja evidencia de quien lo utiliza, incluso el fabricante de NSO Group señaló para New York Times que no es posible conocer quien está detrás del espionaje.

Diapositiva presentada durante la conferencia de prensa con los denunciantes atacados como Carmen Aristegui y su hijo Emilio, Rafel Cabrera, Salvador Camarena, Alejandro Calvillo y Carlos Loret de Mola

Durante la conferencia realizada en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón, pidieron que el gobierno realice las investigaciones pertinentes, incluso si esto implica indagar en sus propias dependencias para encontrar a los autores materiales e intelectuales de este delito a través de una comisión de expertos independientes y así evitar que el caso quede olvidado e impune.

También demandaron la transparencia de contratos de las agencias de gobierno u otro tipo que aplican esta clase de software, un monitoreo de las investigaciones para encontrar a responsables, demostrar si existen órdenes judiciales preventivas que prueben la legalidad del espionaje y una indagación jurídica de las comunicaciones privadas.

Y cuestionaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre cómo ha protegido sus datos y cómo investigará la transparencia de los contratos que permiten el uso de Pegasus; mientras que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le solicitaron emitir medidas de protección para el gremio periodístico, “no para que resguarden nuestra integridad, sino para decirle al Estado que no siga espiándonos y para tener un mecanismo que asegure que la información obtenida ilegalmente de nosotros no sea usada irregularmente”, expresó Patrón.

John Scott Railton, representante de Citizen Lab, dio especificaciones acerca de la manera cómo opera este programa, el cual actuó en los celulares de los afectados; destacó que para acceder a la información personal, se atraía la atención de los receptores de SMS con mensajes de contenido familiar acompañados de un enlace que redireccionaba a una página en blanco, a partir de ese momento el aparato quedaba totalmente vulnerable y era un espía para quien contrató este servicio.

De izquierda a derecha: Luis Fernando García de R3D y John Scott-Railton de Citicen Lab.

“Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones, estamos aquí preguntándole muchas cosas sobre esta operación de Estado, donde los agentes lejos de hacer su labor legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos y de eso debe dar cuenta el Presidente”, pidió Carmen Aristegui.

Los atacados hasta ahora son Mario Patrón de Centro Prodh; la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio, quien era menor de edad cuando ocurrió el espionaje, además de su equipo de trabajo que incluye a Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; el periodista de Televisa y columnista de El Universal, Carlos Loret de Mola; Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Juan Pardinas con Alexandra Zapata de Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).

Todos los mensajes de espionaje coinciden con momentos importantes de sus trabajos, investigaciones y labor periodística que son conocidos por afectar a los intereses del gobierno, como es el caso del reportaje de “La Casa Blanca”, la Ley 3de3, las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y los abusos sexuales a mujeres del caso Atenco.

Por el momento, los celulares se encuentran en revisión en Canadá y la denuncia fue emitida esta mañana a la Procuraduría General de la República (PGR). Periodistas y defensores de derechos humanos hicieron un llamado a la sociedad para evitar que esto quede impune, ya que no sólo es un asunto de los medios de comunicación, también queda por investigar posible espionaje a la ciudadanía, y todos aquellos periodistas asesinados que no se sabe si en algún momento fueron espiados.