Por: Redacción/

Del 2014 a la fecha, se han emitido 8.8 millones de facturas apócrifas en México por un monto de casi dos billones de pesos, lo que ha ocasionado un quebranto financiero por pérdidas de hasta 510 mil millones de pesos al año en la recaudación fiscal, informó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Para poner fin a esa conducta delictiva, dijo, en el Senado de la República avanza una reforma para prevenir y sancionar que se expidan o enajenen comprobantes fiscales falsos para deducir operaciones inexistentes o simuladas.

A través de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y que se encuentra en dictamen, se propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión para el delito tipificado en el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la Federación, de tal forma que se desincentive la comisión de este delito por parte de personas física o morales.

Al elevar en el Código Penal Federal la penalidad, lo sitúa en una calificación de delito grave. De tal forma, que conforme a lo previsto en el artículo 70 del código federal sustantivo en materia penal, no será posible que la pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o venta de comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes.

Al tratarse de uno de los mecanismos más comunes para engañar al Estado, Monreal Ávila mencionó que la nueva ley dotará al gobierno de las herramientas para debilitar las estructuras financieras de estos delincuentes de cuello blanco.

Para eso, la reforma incluirá las previsiones necesarias para asegurar que los empresarios honestos que cumplan con sus obligaciones fiscales no tengan incertidumbre al cumplir con su actividad, destacó el coordinador parlamentario de Morena.

El problema es de tal impacto, que otros senadores han hecho sus propias propuestas al respecto. Tal es el caso de la senadora Minerva Hernández del PAN, que plantea fortalecer el combate a la corrupción mediante la ley de Responsabilidades Administrativas y penales de los Servidores Públicos y aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada.