Por: Redacción/

La Constitución de la Ciudad de México no garantiza el derecho a la tierra ni al territorio ni al uso de los recursos naturales de los pueblos y barrios originarios contra las acciones de constructoras o inmobiliarias, ya que en la Carta Magna “se confunde el derecho de propiedad con el de territorio y no son lo mismo”, advirtió la doctora Akuavi Adonon Viveros, profesora-investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Si bien se incluyeron artículos que abren la puerta para esa población al considerarla sujeto de derecho público, no plantea la posibilidad de regularizar la tierra ni legalizar los espacios físicos, vitales no sólo por su importancia medioambiental sino por la preservación de la cultura y las tradiciones”, señaló la académica del Departamento de Ciencias Sociales.

En el Foro La Constitución de la Ciudad de México; realidades y retos en el que fue abordado el tema Pueblos originarios y derechos en la Ciudad de México, Adonon Viveros sostuvo que con eso se “anulan las medidas administrativas al no llamar a consulta a estas comunidades, además de que sólo se señala que no se afectará el suelo de conservación, pero en la práctica se lesiona a los pueblos y aún falta establecer políticas que contengan el crecimiento de la mancha urbana”.

La especialista en antropología jurídica y política explicó que “el marco planteado por la Constitución abre puertas pero cierra otras, por lo que debemos tomar los elementos positivos sí incluidos para beneficiar el desarrollo de esa población, ya que en términos de derechos culturales y de reconocimiento el artículo 59 respalda sus necesidades de salud, educación y justicia”.

La doctora Cristina Sánchez Mejorada, académica de la Unidad Azcapotzalco, expuso que ante todo se debe procurar el derecho a la ciudad, esto es, a hacerla más habitable y digna, por lo “se necesita un programa de reordenamiento territorial, así como atender eficazmente la problemática de crecimiento, movilidad, abasto de agua y derecho a la agricultura”.

De acuerdo con la especialista en estudios urbanos es clave en la materia armonizar un plan de desarrollo urbano con otro sobre cuidado de medio ambiente y “cumplir realmente esas aspiraciones puestas sólo en el papel de manera constitucional”, expresó durante la mesa que estuvo moderada por el doctor Roger Mario Barbosa Cruz, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa.

En el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván la investigadora del Departamento de Sociología compartió que “hay mucha voracidad sobre los espacios de los poblados ubicados al poniente de la metrópoli y los desarrollos inmobiliarios acaban con sus bosques, ríos y montañas, por lo que debería haber regulaciones”.

La licenciada Laura Granados González –quien acudió en representación de la licenciada Fabiola Poblano, presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México– refirió que hasta el momento la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha tenido la voluntad política de atender la especificidad de sus demandas con pertinencia cultural.

“No se están tomando en cuenta los derechos colectivos, lo que da cohesión, memoria e identidad a la población, por lo que es fundamental que exista un instrumento jurídico que sea consultado previamente por los propios pueblos, ya que eso permitirá la supervivencia en orden y en paz de la urbe”, sentenció.

Juan Esparza, originario de San Mateo Tlaltenango, relató cómo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca afectó 64 hectáreas en la zona que “beneficia a todos los mexicanos porque sin bosque no tenemos agua; nosotros contamos con cuatro mil 87 hectáreas de ese tipo al cien por ciento, sólo pedimos que se respete lo que viene en este nuevo estatuto”.

El suelo de conservación “sabemos que es un área natural protegida y la Constitución garantiza trabajarla o cuidarla, pero no sobre aquellas empresas que las compran para fraccionarlas. Por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe se alimenta de los manantiales que se encuentran dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones y es triste ver cómo este desarrollo despoja de la tierra a la gente y la autoridad sólo se cruza de brazos”, concluyó.