Por: Redacción
Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, exigió que el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), informe al Congreso de la Unión qué medidas preventivas o inversiones está realizando para modernizar los esquemas de monitoreo y la transportación de combustibles, para evitar su robo.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el perredista subrayó que es necesario y urgente tomar medidas para combatir a las mafias; sin embargo, puntualizó que para ello se requiere desarrollar verdaderas labores de inteligencia para identificar los lugares de operación, mecanismos y redes de comercialización que utilizan los delincuentes, de lo contrario, poco se podrá hacer.
“Mientras el Estado mexicano no actúe con todo lo que se requiere para hacer un efectivo combate al robo de hidrocarburos, no vamos a detenerlo”, advirtió el parlamentario.
“Se habla, por ejemplo, de que alrededor del 80% del robo de combustible, se debe a que personal de Pemex y particularmente de los dirigentes del sindicato petrolero, participan en operaciones de este tipo y de esta forma, saben cuándo cierran ductos, bombas; qué tanto se bombea, que tanto se conduce, etcétera y esta información se manda a las bandas delictivas que operan en determinados lugares de la República”, agregó Zambrano Grijalva.
El diputado insistió en la necesidad de que el Legislativo tenga conocimiento puntual de qué medidas y decisiones ha asumido el gobierno federal, particularmente los órganos encargados de garantizar la seguridad y por supuesto, la propia empresa productiva del Estado.
Añadió que la Procuraduría General de la República (PGR), debe informar sobre su participación en el tema, al igual que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Zambrano Grijalva llamó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a evaluar las medidas que se deben aplicar para continuar con el calendario de apertura de mercados, en el otorgamiento de ductos, “porque seguir haciéndolo así, sin vigilancia ni monitoreo por parte de las autoridades del Estado mexicano, tratándose de un asunto de seguridad nacional que le compete al gobierno de la República, vamos a correr un riesgo mayor”.
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