Por: Redacción

La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), aprobó exhortar a los Congresos estatales a armonizar su legislación con la Ley para Sancionar, Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, delito que no tiene penalidades en algunas entidades de la República.

“La trata de personas es el peor delito, no sólo en México sino en el mundo. Es algo que nadie quiere reconocer, pero que tiene un gran impacto negativo en la sociedad”.

Actualmente, precisó, no todos los Congresos locales cuentan con una ley a nivel estatal, ya que al ser un delito del orden federal, no lo sancionan, pues en su Código Penal estatal no está contemplada esta agresión.

“Es el peor que se puede cometer contra una persona, privarlo y explotarlo con fines sexuales o comerciales”, enfatizó la legisladora.

Posteriormente, en entrevista, la diputada priísta puntualizó que no existen campañas de prevención contra este fenómeno, ni tampoco se incentiva la denuncia a nivel local o municipal, lo que hace parecer a este delito como “algo que la gente y los funcionarios no quieren ver, ni las autoridades aceptar su responsabilidad en su combate”.

“Al ser un delito federal, la PGR es la encargada de investigarlo y perseguirlo, pero a los estados les corresponde la prevención y denunciarlo”.

Aseguró que México se ha convertido en un paraíso pedófilo a nivel internacional. “Somos el país número uno, de acuerdo con la OCDE, en el abuso sexual de menores”, advirtió.

“Todos sabemos que hay espacios de explotación sexual, pero no vemos ninguna actividad de prevención o de denuncia de parte de alguna autoridad”.

Plascencia Pacheco sostuvo que este delito no debe ser invisible para las entidades de la República; incluso, desde el orden municipal es una responsabilidad que deben atender.

Comentó que la trata de persona va de menores de edad hasta personas adultas mayores, quienes son privadas de su libertad, resultando ser uno de los delitos más lucrativos, junto con la venta de armas y drogas, que genera elevadas ganancias a nivel nacional.

“Aún falta mucho por hacer en el ámbito legislativo, como elevar las sanciones y la falta de atenuantes, así como un mayor actuar por parte de las autoridades”, concluyó.