Por: Redacción/

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, señala que desde la creación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) se instrumentaron programas y políticas de fomento al campo que, finalmente, no se han reflejado en un incremento de la productividad y desarrollo del sector agropecuario.

Dicha estrategia, afirma, no ha prosperado como herramienta de planeación, ya que opera como un ejercicio presupuestal anual donde las acciones de desarrollo rural sólo se agrupan, pero “en realidad falta una estrategia conjunta, pues aparece como un apéndice del presupuesto federal anual”.

En el documento “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2012-2018”, el CEFP menciona que las debilidades del PEC han impedido que los recursos destinados al desarrollo del campo realmente logren su objetivo de impulsar el ramo agropecuario.

Algunos de sus agotamientos consisten en que hay demasiados programas y unidades responsables involucradas, cada una con sus propios objetivos, beneficiarios y reglas, así como ausencia de una instancia rectora que dirija una estrategia única de desarrollo del medio rural.

También, carece de metas físicas cuantificables, lo que impide medir avances; existen programas, subprogramas y componentes con actividades que a veces se duplican, e incluso se contraponen, y su prioridad son los programas sociales sobre los productivos.

El CEFP puntualiza que el campo mexicano, a pesar de la política pública instrumentada desde 2003 basada en el desarrollo del sector agropecuario a través del PEC, “continúa estancado, con bajas tasas de productividad y reducidos niveles en la calidad de vida de sus habitantes, situación que se refleja en el mantenimiento de la pobreza”.

Tal situación, afirma, denota la falta de una política de desarrollo del agro consistente con los objetivos plasmados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS).

Menciona que la expansión agropecuaria es un tema presente en la agenda legislativa, no sólo por sus implicaciones económicas, que se relacionan con la sustentabilidad alimentaria, la provisión de materias primas, la oferta de exportación y la importancia del campo mexicano en cuanto fuente de empleo, sino además por las condiciones sociales en que vive una parte importante de la población rural dependiente del sector, caracterizada por condiciones de pobreza mayores a las de las zonas urbanas.

Además, porque las comunidades indígenas del país, que representan aproximadamente 21.7 por ciento de la población nacional, se encuentran fuertemente arraigadas a las actividades agropecuarias.

Relata que el PEC es uno de los programas transversales más importantes, en términos presupuestarios al concentrar una de las mayores cantidades de recursos aprobadas cada año por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entre 2012 y 2018, se ha registrado una caída en los recursos aprobados en el presupuesto al PEC, la cual en promedio anual asciende a 2.6 por ciento. Mientras que en 2012 se le asignaron 390 mil 365.0 millones de pesos (mdp), para este año sólo se otorgaron 334 mil 314.0 mdp, es decir, 56 mil 51.0 mdp reales menos.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indica que en 2008, 26.1 por ciento del total de los recursos aprobados al PEC se concentraba en la vertiente de competitividad y 16.3 por ciento en la social, distribución que se ha ido invirtiendo en el transcurso de la última década.

En la actualidad, sólo el 15.9 por ciento de los recursos del PEC se canalizan a la vertiente de competitividad, en tanto que la social concentra 30.7 por ciento del total aprobados al PEC, en el PEF 2018.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 el 23.2 por ciento de la población residía en localidades rurales, prácticamente la cuarta parte de la población total, y el 76.8 por ciento restante en áreas urbanas, no obstante el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario representa sólo el 3.2 por ciento del PIB total, proporción que no ha variado desde 2008.

En el documento, el CEFP resalta que de acuerdo con un estudio de la FAO y Sagarpa, el campo mexicano enfrenta bajos niveles de capitalización de sus unidades económicas rurales (UER), problema que afecta al 29.6 por ciento de las 5.4 millones de UER del país, las cuales no cuentan con activos productivos y que corresponden principalmente a los estratos E1 y E29, relacionados con actividades agropecuarias de subsistencia.

Tal carencia afecta de manera directa la productividad de las UER, ocasionando con ello un bajo crecimiento del sector primario, y dando como resultado una insuficiente producción de alimentos para la población en el país.

Además, se vive un estancamiento económico del sector primario, toda vez que entre 2008 y 2017 el PIB agropecuario creció en promedio anual sólo 2.1 por ciento, en tanto que la población ocupada se incrementó en 1.0 por ciento y la productividad se desarrolló, apenas 1.1 por ciento.

“México tiene un sector agropecuario con productividad muy baja respecto del nivel general de desarrollo del país, lo cual incide en la marginalidad y la pobreza en el medio rural. El efecto del PEC sobre las condiciones sociales de la población campesina e indígena ha sido apenas marginal”, añade