Por: Redacción

Diana Sánchez Barrios, presidenta de PRODIANA A.C., acompañada de Alejandra Barrios, dirigente de comerciantes, exigió a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, aclarar el desalojo ilegal del que fueron objeto 300 familias de comerciantes en Londres 91, colonia Juárez.

“Le exijo a Patricia Mercado y a las autoridades competentes a realizar el esclarecimiento de esta situación, dado que las condiciones por las que fue promovido dicho acto de parte del Gobierno preponderan intereses empresariales y dejan de lado el respeto al ejercicio legal de las familias de comerciantes que laboraban ahí legalmente”, aseguró.

Con documento en mano, la presidenta de PRODIANA informó que en 2007 inició las negociaciones con el entonces Gobierno del Distrito Federal para reubicar a los comerciantes que laboraban en las calles del centro y fue en el 2011 cuando lo acordaron de manera oficial.

“El desalojo y el levantamiento de comerciantes efectuado por la Dirección General de Gobierno de la CDMX, a cargo del licenciado Horacio Robles, violó el permiso administrativo temporal revocable otorgado por el GDF a favor de la Asociación Civil PRODIANA, emitido desde 2008”.

“Luego de varias negociaciones, firmamos un documento oficial en el 2011 (expediente 2011/079-10/O/2) a favor de mi organización, y a partir de ese año arranca de manera oficial la fecha del PATR a 10 años, mismo que puede ser prorrogable hasta por doce veces la vigencia original”, señaló.

Luego de pedir al jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, tomar cartas en el asunto ante la incompetencia de la Secretaria de Gobierno, Diana Sánchez advirtió que de no recibir una respuesta favorable en los próximos días, convocarán a una marcha y huelga de hambre.

“El miércoles convocaré a las a una marcha pacífica y huelga de hambre a las 10 horas, que partirá del Monumento de la Revolución o del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobierno. Somos 115 organizaciones que nos hemos reunido en toda la ciudad por este abuso y esta violación a los derechos humanos de los que han sido objeto todos estos trabajadores”, aseguró.

En cuanto al actuar ilegal de Horacio Robles, Sánchez Barrios detalló que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

“Pido que se investigue a este funcionario por el desalojo y levantamiento agresivo de mis compañeros, sin documentación y sin previo aviso, violando los derechos humanos de las personas que ejercen de forma legal el comercio en dicho lugar”, aseveró.

Finalmente, Diana Sánchez pidió que se aclare el presupuesto en el 2008 etiquetó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el programa de reordenamiento, “queremos saber dónde quedó el monto de los recursos que se autorizaron y dónde están los 29 predios que entregaron listos para ser habitados, mismos que nunca existieron ni fueron registrados”.