Por: Redacción/

“Los constantes escándalos de corrupción, las manifestaciones en contra de la clase política y el uso indiscriminado de recursos públicos para financiar campañas electorales, ha generado que los partidos políticos carezcan de credibilidad frente a los electores” indicó el diputado federal José Antonio Estefan Garfias.

En tribuna, el legislador del GPPRD presentó dos iniciativas con proyecto de decreto; la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos; y la segunda que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Ante la grave crisis presupuestaria y económica que vive el país, urgió la modificación de los artículos 3, 25, 93 y adicionar el artículo 21 bis de la Ley General de Partidos Políticos.

“Es necesario que los ciudadanos exijan a los partidos políticos un buen uso de los recursos públicos y que efectivamente cumpla con los objetivos planteados en la propia ley que los regula”, indicó.

Estefan Garfias manifestó ante el Pleno de la Cámara de Diputados que en de materia transparencia se deben realizar modificaciones a la Ley para facilitar la rendición de cuentas en el uso de los recursos utilizados por los partidos políticos para su operación como organizaciones políticas.

“Debemos replantear el tema del financiamiento de recursos públicos que reciben los partidos políticos. El objetivo de la iniciativa es recuperar la confianza de la población; así como reestablecer el vínculo de participación y comunicación entre los representantes populares y sus electores”, enfatizó.

Asimismo, el legislador del Sol Azteca presentó la modificación a los artículos 2, 41 y 134 de la Ley del Seguro Social, con el propósito de brindar una mayor protección a la población en servicios médicos, así como garantizar mejores condiciones en materia de seguridad social para el debido cumplimiento de todas aquellas disposiciones establecidas en la Constitución.

“Corresponde a las instituciones del gobierno garantizar el acceso a los servicios públicos ofrecidos por el Estado para mejorar el nivel de vida de la población y asistir a todos aquellos que se encuentren en estado de necesidad y situación vulnerable”, señaló.

El parlamentario argumentó que la medida restrictiva del artículo 134 de la ley no cumple con los tratados internacionales y, en consecuencia, representa una restricción al derecho a la seguridad social y a la atención, por lo que resulta una medida inconstitucional violatoria de los derechos fundamentales.

“En la presente ley no se mencionan las características prácticas con las que deben contar los servicios de salud y la atención médica que, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, está obligado a prestar a la población”, finalizó.