Por: Redacción

Su participación en la toma de decisiones desde cargos de elección popular fortalece la democracia y a la sociedad en general.

La posibilidad de vivir una sexualidad más libre, la elección de la maternidad y/o de la soltería, compartir las tareas domésticas y manifestarse en contra del maltrato, son algunas de las demandas que las mujeres han exigido a lo largo de las últimas décadas, así como hacer oír su voz para decidir los temas trascendentes para su familia y la sociedad en general.

Éstas han derivado en importantes cambios sociales, que hoy se reflejan en el desarrollo político, económico y cultural del país. Cada vez es más común que las mujeres ejerzan cargos de elección popular o de alta responsabilidad en el ámbito político y privado. Sin embargo, la brecha de género respecto al empoderamiento de las mujeres continúa siendo muy amplia.

Se sabe que cuando ejercen cargos públicos, atraen asuntos nuevos a la agenda política; temas sociales, de igualdad de género, o políticas públicas para combinar la vida laboral y familiar.

Pero ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan para incorporarse a cargos de elección popular?

  • Escaso número de candidatas y acceso desigual al financiamiento.
  • Históricamente se les negaba su derecho a participar.
  • Se ponía en duda su capacidad.
  • Dificultad de combinar su vida laboral con la familiar.
  • Dinámicas partidarias internas y estereotipos de género.
  • Discriminación, críticas injustificadas y poco reconocimiento.

Además de lo expuesto, las mujeres son víctimas de violencia política, definida como las acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o varias, en ejercicio de la representación política.

Este tipo de violencia es cada vez más reconocido alrededor del mundo, pero especialmente en América Latina, al convertirse en una estrategia que impide o dificulta la participación política de las mujeres.

Lo anterior a pesar de que la participación de las mujeres en cargos públicos ha evidenciado resultados positivos para la democracia y la población. Además de que han trabajado arduamente porque los intereses y las preocupaciones de las y los ciudadanos se vean reflejados en las políticas públicas, promoviendo mayor participación ciudadana y mayor confianza en las instituciones.

Es imperativo promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar que se respeten sus derechos políticos, ya que mientras la violencia política continúe sin ser reconocida, seguirá existiendo la desigualdad entre mujeres y hombres.