- “Solo con transparencia y sentimiento constitucional la democracia sustantiva puede ser una realidad”, sostuvo la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra.
Por: Redacción/
El parlamento abierto y la justicia abierta son dos pilares importantes para garantizar los derechos fundamentales de la democracia deliberativa: el de acceso a la información y el de acceso a la justicia, aseveró la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Al inaugurar el Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2021, convocado por el INAI, en colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, Ibarra Cadena dijo que la construcción de los paradigmas de parlamento abierto y la justicia abierta se realiza frente a la mirada cada vez más exigente, estructurada y justificada de la ciudadanía.
“México ha recorrido un largo trayecto en la materia; la experiencia nos dice que solo con transparencia y sentimiento constitucional la democracia sustantiva puede ser una realidad en nuestras instituciones”, afirmó.
La Comisionada Presidenta reconoció que en materia de parlamento abierto ha habido una gran evolución en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues la participación ciudadana es cada día más notoria; sin embargo, enfatizó que “la sociedad debe contar con
instituciones legislativas más accesibles”.
En cuanto a la justicia abierta, destacó la necesidad de que la información y la normatividad sean actualizadas constantemente para fomentar una cercanía de los poderes públicos con la gente; “en el caso del Poder Judicial, esto se concretiza en mejorar las condiciones institucionales y legales que potencien la tutela judicial efectiva”, recalcó.
En su intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero Dávila, destacó que la finalidad primigenia de todos los sistemas de gobierno descansa en forjar poderes que equilibren la gobernanza, la legalidad y la justicia, pilares que constitucionalmente han perfilado la historia de México como Estado y que se siguen consolidando día a día.
“La promoción de la participación de las personas en la integración y toma de decisiones en las actividades administrativas, legislativas y judiciales fortalece la democracia y renueva constantemente el pacto social; fomenta la transparencia a través de mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión del actuar parlamentario y la función judicial por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus
órganos de vigilancia”, subrayó.
El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, al hablar de parlamento abierto, afirmó que las instancias legislativas son las tribunas de la pluralidad y la democracia representativa, por lo que, toda actividad parlamentaria o acción de poder público debe realizarse con transparencia, de lo contrario, el Poder Legislativo deja de cumplir con la obligación de representar y se pierde la necesaria conexión que debe existir entre el Estado y la sociedad.
“Los parlamentos, los congresos, las dietas, las legislaturas, en fin, cualquiera que sea el nombre que se le dé al poder hacedor de las leyes debe hacer efectivo y válido el derecho de todo el electorado a estar debidamente informado”, advirtió.
Durante su participación, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que en los tribunales de última instancia se necesitan políticas públicas de justicia abierta que faciliten conocer su función social y acceder a información pensando en cómo puede resultar más comprensible, útil y valiosa para la toma de decisiones y la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos. Para cumplir con ese objetivo, aseguró, se deben diseñar e implementar proyectos o herramientas que, con el uso de la tecnología, tiendan puentes con la sociedad y propicien el desarrollo de nuevas y mejores soluciones ante los problemas sociales y jurídicos.
El magistrado presidente Rodríguez Mondragón dijo que estos instrumentos se convierten en buenas prácticas de justicia abierta cuando cumplen con una fórmula de cuatro por cuatro, es decir, explicó, que cuenten por una parte con cuatro características esenciales: innovadoras, sostenibles, replicables y orientadas a la ciudadanía y, por otra; cumplir con también cuatro objetivos: simplificar información, acumular datos, construir inteligencia y evaluar desempeño.
El objetivo del seminario es dialogar y reflexionar sobre los avances en materia de parlamento abierto y justicia abierta en México. Particularmente, para analizar cómo se relacionan ambas prácticas para fortalecer, de manera recíproca, la transparencia y la rendición de cuentas, en una democracia.
En la inauguración estuvieron presentes los Comisionados del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez, así como especialistas nacionales e internacionales y representantes de las diversas instancias de los poderes Legislativo y Judicial del país.
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