Por: Redacción/
En Colombia no fue necesario que las fuerzas armadas llegaran al poder para instalar una dictadura, pues paramilitares, Iglesia y Estado han intentado contener y disolver durante décadas los esfuerzos organizativos del campesinado, declaró el doctor en ciencias sociales Diego Fernando Silva Prada.
A finales de 2016 esa nación andina firmó los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que luego de más de 52 años de actividades han surgido cuestionamientos sobre el contexto en que se desarrolló el conflicto y el papel que jugó la población rural.
El académico de la Universidad de Uniminuto de Bogotá, Colombia, dictó en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la cátedra Praxis política comunitaria: la organización campesina como constructora de paz, en la que ofreció un recorrido por los orígenes, repercusiones y experiencias de ese sector de la sociedad colombiana.
En 1977 Colombia fue escenario de una huelga general que activó una política de “seguridad nacional” que se tradujo en encarcelamientos, torturas y desapariciones, por acuerdos oficialmente no reconocidos entre el Estado colombiano y el gobierno de Estados Unidos, lo que dio inicio al periodo conocido como “la violencia” agravado durante la presidencia de Julio Turbay Ayala en 1979 cuyas políticas fomentaron el narcotráfico y el paramilitarismo.
Antes de 1970 Colombia estaba compuesta en 70 por ciento por población rural, en particular por comunidades aisladas que padecían graves problemas de salud y educación, lo que alentó a los campesinos a emprender acciones políticas para mejor el nivel de vida.
El doctor Silva Prada explicó que el conflicto en su país repercutió en un proceso de ruptura del tejido social caracterizado por la desterritorialización, la despolitización y la descolectivización generadas por el asedio del narcotráfico, los militares y la agroindustria.
Frente a esa situación la respuesta fue una resistencia civil campesina contraria a la individualización y la despolitización que generó acciones de gestión social y democratización profunda de las relaciones y el vínculo con la tierra, respondiendo tanto a una dimensión política como económica para generar opciones contra el capitalismo que azotó al campo.
Algunas de las agrupaciones más destacadas fueron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz y las asociaciones Campesina del Valle de Río Cimitarra y de Trabajadores Campesinos del Carare –esta última acreedora del Premio Nobel Alternativo de Paz 1990– que generaron planes de desarrollo sustentable y en contra de la propiedad privada.
El académico puntualizó que las propuestas de sobrevivencia económica del campesinado estuvieron basadas en la soberanía alimentaria; la creación de cooperativas de trabajadores y tiendas a precios justos; el desarrollo de proyectos productivos, de control de la frontera agrícola y de protección de recursos renovables y no renovables, así como en la aplicación de una política anti extractivista, una situación que ha prevalecido en las zonas de reserva rural.
Existen cerca de 50 iniciativas en todo el país respecto de esas áreas impulsadas por guerrilleros y campesinos, quienes trabajan en estrecha colaboración desde su fundación, por lo cual la paz social “significa resistencia civil, limitación del poder estatal –en especial del ejército– estrategias creativas de lucha política y gestión social del territorio”.
El fortalecimiento del modelo económico campesino representa impulsar un esquema de cooperativa y desarrollo comunitario que provea alimentos de consumo interno.
Silva Prada es doctor en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina, y autor de los libros Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio y El concepto de poder político: De la coacción a las prácticas de libertad, así como de más de 20 artículos sobre resistencia civil, memoria, soberanía y emancipación del campesinado.
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