Por: Redacción/

Hay que ejercer nuestro derecho al voto y premiar a quien lo haga, planteó la diputada Dulce María Sauri Riancho, al acompañar su propuesta con una iniciativa para reformar las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Federal de Derechos.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por el PRI, señaló que criminalizar y castigar al ciudadano por no votar es un contrasentido, mejor hay que dar incentivos a quienes ejercen su derecho al sufragio.

Por ejemplo, quienes voten tendrían preferencia frente a quienes injustificadamente no sufragaron, en casos de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de educación superior.

Podrían tener una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar Nacional; ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos; un descuento de 10 por ciento en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación.

Otro aliciente es, obtener un descuento de hasta el 2% al Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a las condiciones y modalidades que la Ley sobre la materia establezca y no pagar el derecho a la reposición de la credencial de elector.

La diputada Sauri Riancho recordó que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay establecieron el voto obligatorio como una medida para reducir las tasas de abstencionismo, pero cualquier reforma punitiva a nadie obliga a participar en procesos electorales en los que no están de acuerdo; eso crea democracias artificiales, además de que ensancha la brecha de confianza entre el ciudadano y su gobierno.

En la reforma al artículo 175-A de la Ley Federal de Derechos, la legisladora por el estado de Yucatán, explicó que se pretende reducir la carga al Instituto Nacional Electoral, toda vez que en este 2020, se aplicó el recorte más grande jamás registrado, con la reducción de mil 72 millones de pesos.

El plástico de la credencial de elector tiene un costo de 60 centavos de dólar, es decir, unos 12 pesos, según la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Si se suma el costo por el trámite, generación, envío y entrega de credencial es de alrededor de 270 pesos, por unidad.

La propuesta es que el gasto operativo del INE para reponer una credencial, se convierta en un derecho que paguen los ciudadanos cuando maltraten, hagan inelegible o extravíen su documento.

Este derecho no será cubierto por quienes demuestren que fueron víctimas de algún delito que implique la sustracción o robo de la credencial de votar, precisó.