Por: Fernando Nava

Al presentarse los avances del Estudio de Integridad en México, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, anunció que en este año se dará inicio a un proyecto de colaboración para la transformación del sistema CompraNet, con base en las mejores experiencias internacionales y el impulso a la política de contrataciones abiertas, uno de los ejes fundamentales en la lucha contra la corrupción.

Afirmó que en las acciones inmediatas que demanda la sociedad para cerrar espacios a la corrupción, a los conflictos de interés y a prácticas indebidas, la OCDE es gran un aliado para enfrentar los cambios.

En este sentido, destacó que más allá de los esfuerzos institucionales y normativos, es fundamental promover una cultura de denuncia proactiva y anónima, tanto al interior como al exterior del gobierno.

Ante el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, reiteró que lo más importante es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, al dotar a la sociedad de los medios adecuados para denunciar a cualquier servidor o servidora pública y su contraparte privada, por el uso indebido de recursos públicos o violaciones a la ley.

Gómez González dijo que la historia enseña que es en estos momentos, cuando debemos unirnos y trabajar juntos para concebir los grandes cambios y concretarlos más allá del discurso.

Luego de convocar a visualizar este año 2017 como una hoja en blanco que da la oportunidad de consolidar la transformación, la responsable de la SFP apuntó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un verdadero ejemplo de gobernanza, pues en su estructura pone a la ciudadanía al centro de la política de la lucha contra este flagelo y la hace partícipe en la toma de decisiones.

Abundó que por ello el Estudio recomienda acompañar las reformas del SNA con una comunicación efectiva y un programa de desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de fraude y corrupción.

Garantizó que se hará lo necesario para cumplir con las responsabilidades, para que juntos, Gobierno y sociedad, estén del lado de la honestidad, la integridad y los valores.

Asimismo, manifestó que con la OCDE se avanzará aceleradamente para consolidar al SNA y la rendición de cuentas, así como recobrar la confianza de la sociedad y asegurar un México más moderno, más abierto y más íntegro.

Gómez González indicó que si bien el país está en la construcción de un sólido andamiaje normativo e institucional para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, también es oportuno y necesario complementarlo con la experiencia, el conocimiento y el intercambio de las mejores prácticas probadas con éxito en otros gobiernos y organismos internacionales.

Por su parte, José Ángel Gurría Treviño consideró que el SNA, y el paquete de legislación complementaria, son instrumentos innovadores para combatir eficazmente la corrupción.

Enfatizó que una cruzada contra este cáncer que debilita el sistema económico y destruye la cohesión social, junto con una nueva cultura de la integridad, constituirán una de las bases fundamentales de la transformación más importante de la historia reciente de México.

Gurría Treviño dijo que el país contará con el apoyo de la OCDE en esta batalla contra la corrupción y en favor de la integridad.

Planteó que en el Estudio de la OCDE se destaca que México necesita capitalizar las reformas, así como nuevas medidas y decisiones con acciones concretas dirigidas a disminuir las conductas irregulares para garantizar la prosperidad y un crecimiento incluyente.

Enumeró las recomendaciones de la OCDE: Incorporar políticas anticorrupción a otras estrategias nacionales clave; adaptar las políticas de integridad para combatir los riesgos de conductas indebidas; asegurar que los Comités de Ética cuenten con personal permanente y mandatos claros; difundir políticas claras para la gestión de situaciones de conflicto de interés; fortalecer la sensibilización y la capacitación en materia de anticorrupción en toda la sociedad, y proteger los derechos de quienes denuncian actos ilícitos, y facilitar las investigaciones administrativas disciplinarias, garantizando que los investigadores tengan acceso a la información necesaria y puedan cooperar fácilmente con otras instituciones pertinentes.