• Se plantea crear mecanismos de blindaje electoral a los programas sociales de la Ciudad.

Por: Redacción/

A fin de endurecer las sanciones en contra de funcionarios públicos que ejecutan a su favor los programas sociales, los diputados Mauricio Tabe y Jorge Triana, presentaron reformas a la Ley de Desarrollo Social DF y de Responsabilidades Administrativas de la CDMX.

En una iniciativa de reformas a estos ordenamientos, se plantea crear mecanismos de blindaje electoral a los programas sociales de la Ciudad, para acabar con el vacío normativo que ha generado abusos por parte de operadores de la política social, con fines político- electorales.

“Esta conducta se va a incrementar hasta el doble cuando haya un beneficio electoral a este respecto, vemos con preocupación que hay varios casos, pese a que aún no inicia el periodo electoral, y durante la precampaña e intercampaña se da uso electoral completo y absoluto hacia los programas”, indicó Jorge Triana al presentar la iniciativa.

Tabe y Triana advirtieron que se pretende mandar un mensaje claro de combate a la impunidad y de cero tolerancia a la corrupción, que se manifiesta en el lucro de los programas sociales.

Explicaron que ante una coyuntura de regresión y restauración de las prácticas antidemocráticas que caracterizaron al antiguo régimen, se torna urgente que se legisle a efecto de detener el abuso en los programas sociales. “Para que los programas sirvan en ayudar a quienes más lo necesitan y no para enriquecer a los funcionarios públicos y sus huestes”.

Con un Blindaje Electoral, existirá la firme intención de tomar medidas de prevención inmediatas para garantizar elecciones transparentes, equidad en la competencia y protección contra el uso electoral de los programas.

El documento legislativo señala que “la compra de votos es un delito y debe castigarse, pero también, perseguirse de manera implacable, de acuerdo al Código Penal”.

Triana sostuvo que esta propuesta busca prevenir que los recursos públicos destinados a los programas sociales no sean utilizados con fines político-electorales, que se cumpla con la obligación de suspender propaganda gubernamental durante las campañas e inhibir que los servidores públicos incurran en alguna anomalía.

“Son muchos los casos que han trascendido en los medios, en los que los servidores públicos utilizan su cargo y los programas sociales para beneficiar a sus conocidos y familiares, pero no debe seguir”.