• El presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, señalan los coordinadores de las tres bancadas.

Por: Redacción/

Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011.

En un comunicado, detallaron que este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.

Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos, luego de lo establecido en las modificaciones constitucionales del 2011.

Refirieron que el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.

Añadieron que estos programas permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortaleciendo del federalismo y protección a mujeres.

Señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios.

Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.

En educación, las y los diputados de la colación Va X México acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.

Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros, subrayaron.

Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, así lo muestran los recortes a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de atención a víctimas y estancias infantiles.

En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como en una disminución real en el anexo 16 destinado al rubro.

Las y los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.

Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

Sobre el mandato de progresividad, se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, expusieron.

En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

Agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato.

Finalmente, refirieron la importancia que tiene que, por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto 2022, por ser regresivo en los derechos humanos de la población mexicana.