Por: Redacción/
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional propuso exhortar al Ejecutivo Federal “a abstenerse de plantear la venta” de inmuebles utilizados como sedes de embajadas y representaciones de México en el exterior, pues sería una medida contraria a los intereses nacionales y a la implementación de una política exterior de Estado.
Mediante un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado del 5 de marzo, los legisladores del PAN también plantean que se solicite a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores un informe detallado, donde precisen si el proyecto de vender dichas propiedades existe.
Asimismo, sugieren que ambas dependencias federales indiquen, de ser el caso, cuáles son los inmuebles que se venderían, bajo qué criterios y modalidades y sobre qué otras sedes diplomáticas o consulares recaerían las funciones de representación, documentación, protección y promoción de las que se pretenden eliminar.
De la misma manera, buscan que se informe sobre los montos que se obtendrían, a qué rubros o programas en específico se destinarían y bajo qué fundamentos jurídicos se reasignarían.
En el documento suscrito por la bancada del PAN se señala que hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que analiza vender propiedades en el extranjero, que actualmente fungen como embajadas y consulados de México, para “devolverle al pueblo lo robado”.
Advirtió que la Secretaría de Hacienda será la encargada de tomar la decisión respectiva, cuyo antecedente inmediato es la eliminación de ProMéxico y su red de 51 oficinas de promoción comercial del país en el mundo, se agrega en el texto.
Se destaca que las representaciones diplomáticas son inmuebles que pertenecen al Estado Mexicano y no al Poder Ejecutivo.
Precisa que, si bien es cierto que la Constitución faculta al ejecutivo a dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, la Ley del Servicio Exterior Mexicano subraya que una embajada es la representación permanente del Estado mexicano y cumple diversos propósitos que van más allá del ámbito del Poder Ejecutivo.
Los senadores del PAN consideran que en el contexto actual del país las tareas que desempeñan embajadas y consulados resultan esenciales, por lo que la intención de ahorrar recursos y destinarlos a otras necesidades podría resultar contraproducente porque se termina vendiendo una propiedad para luego rentar otra.
Se trata de una medida que no puede ocultar una intención patrimonialista, que vulnerará severamente los derechos de los mexicanos en el exterior, incumplirá las responsabilidades internacionales de México, afectará sus capacidades para ejercer liderazgo en el mundo y no podrá defender sus intereses económico-comerciales.
Opinaron que el Presidente de la República “puede tener claras sus convicciones autárquicas, nativistas y escépticas de la utilidad de la política exterior. No obstante, la representación del Estado mexicano debe mantenerse y fortalecerse”.
Afirmaron que es tarea del Senado preservar, en apego a sus facultades constitucionales, la naturaleza de una política exterior de Estado, así como vigilar y evitar la tentación “de volverla el botín de políticas irresponsables dirigidas a obtener el aplauso público, sin detenerse a medir adecuadamente los impactos de largo plazo que pueda generar sobre intereses vitales de la Nación”.
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