Por: Redacción/
La diputada local del PAN, Lourdes Valdez Cuevas, convocó hoy al Instituto Nacional Electoral, a definir a la brevedad los parámetros a seguir para evitar el manejo de programas sociales con fines electorales a nivel delegacional en la Ciudad de México.
“Nos llama la atención el tema en delegaciones del sur como Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, zonas en donde se concentra una parte importante de la población económicamente activa y a la vez, vulnerable por las condiciones rurales que prevalecen”.
La Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y Programas Sociales de esta Séptima Legislatura, lanzó un exhortó a los titulares de estas demarcaciones para mantenerse al margen del uso político de los recursos asignados a la agenda pública delegacional y seguir los protocolos establecidos con base a la ley.
“La Asamblea tendrá un especial énfasis de fiscalización en los gobiernos delegaciones de Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, ya que hemos recibido algunas denuncias sobre condicionamientos para recibir apoyos”.
Señaló que las reglas de operación de la política social que baja del gobierno local hacia las delegaciones, son muy precisas y “no se debe lucrar con la pobreza ni con la necesidad”.
En vísperas del proceso electoral hacia el 2018, la diputada del PAN dijo que aportará toda prueba y expediente que reciba a través de su Módulo de Atención Ciudadana a las autoridades del INE, a fin de ejecutar las sanciones correspondientes a funcionarios que hagan caso omiso a los candados que emitan las autoridades electorales.
Añadió que esto va más allá de personajes políticos o beneficios, sino de castigar a los partidos políticos que encabezan estas administraciones a quienes, calificó, de trasgredir las normas específicas para beneficiar a una marca o elevar alguna preferencia electoral.
Por otra parte, Valdez Cuevas pidió a las titulares de los órganos electorales locales competentes a considerar los candados de fiscalización que ha propuesto el GPPAN en la ALDF a través del Código Único, a fin de emprender una mayor vigilancia al seguimiento de ejecución de la política pública, no solo en la CDMX, sino que sea ejemplo en varias localidades del país.
“Se trata de una herramienta que propusimos para acabar con el clientelismo político por medio de una eficiente fiscalización, focalización de recursos, orden en el padrón de beneficiarios y garantizar que los apoyos lleguen a los sectores verdaderamente desfavorecidos”, concluyó.
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