• Exige el diputado Éctor Jaime Ramírez ,que la ASF investigue la posible vulneración del derecho a la protección de la salud y las afectaciones a la hacienda pública.

Por: Redacción/

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, anunció que su bancada presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investiguen las fallas en la Estrategia Nacional de Vacunación, tales como la caducidad de 14 millones de vacunas almacenadas que podrían quedar inservibles.

Además, la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas y la negativa a vacunar menores de edad, a fin de que se detecten las irregularidades y se presenten las sanciones en contra de los funcionarios que actuaron con negligencia criminal.

“La denuncia es en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, respecto de los errores e irregularidades de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, debido a que se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, pues se han invertido millones de pesos en la adquisición de vacunas que están próximas a caducar”, aseveró en un comunicado.

Ramírez Barba señaló que, mientras millones de vacunas están próximas a caducar, niños y adolescentes han enfrentado la pandemia en total desprotección del Gobierno Federal, ya que se han empeñado en decir que son poco afectados por el coronavirus y que por ello no hay necesidad de vacunarlos contra este virus.

Los amparos presentados por padres de familia para que el gobierno aplique el biológico a niñas, niños y adolescentes, dijo, son una muestra clara de que la política de vacunación no está funcionando, a pesar de que se tienen los recursos para comprar las vacunas y millones de dosis en almacenamiento desde hace meses.

Refirió que el 24 de junio de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años y ya hay evidencia de su uso para mayores de 5 años.

“Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se les puede excluir de la vacunación contra el SARS CoV 2, máxime cuando existen vacunas autorizadas para aplicarse y, como se ha reiterado, hay dósis disponibles almacenadas”, indicó.

Por otra parte, acusó el panista, el Gobierno Federal está ocultando la información de los contratos para la compra de vacunas, al declararlos confidenciales y clasificarlos como materia de seguridad nacional de manera arbitraria y sin cumplir con los elementos mínimos del marco legal en materia de transparencia. “La pésima gestión de la Federación motiva a las autoridades federales a mantener en opacidad información de interés nacional”.

Apuntó que se han ingresado solicitudes de información a diversas instituciones, como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conocer los detalles de los contratos con las empresas farmacéuticas; sin embargo, los Comités de Transparencia de las Secretarías clasifican la información como confidencial y reservada por motivos de seguridad nacional, por lo que nadie podrá conocer los detalles de cuántas dosis se adquirieron en realidad, la caducidad que ahora es un problema enorme, las fechas de entrega o los montos erogados para traer las vacunas a México.

En ese sentido, demandó transparencia en los contratos de las vacunas, para saber cuántas llegarán al país en los próximos meses, la cantidad exacta de aquellas que están almacenadas y si habrá disponibilidad a largo plazo, además de saber el costo que se pagó por ellas.

Subrayó que durante meses se mantuvieron millones de vacunas guardadas, pues antes del anuncio de la vacunación extraordinaria de abril había más de 30 millones de dosis sin utilizar; no obstante, ante la necesidad de incrementar la aprobación presidencial y la fecha próxima de caducidad de las vacunas, se apresuraron a instalar puntos de vacunación en espacios públicos y ofrecer una cuarta dosis a la población brindando todo tipo de facilidades, lo que no se hizo durante los meses más delicados de la pandemia.

“México ha firmado contratos con laboratorios internacionales y convenios bilaterales y multilaterales para la compra anticipada de vacunas contra la Covid-19. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y en cuanto al mecanismo multilateral Covax, desde el primer embarque entregado a México en abril de 2021, se han recibido 5,532,000 dosis de AstraZeneca y 1,031,940 dosis de Pfizer; con la recepción de estos nuevos embarques se alcanza el 47.7% de un total de 51,573,200 contratadas, con las que se tendrá capacidad para inmunizar a 25.75 millones de personas en el país: el 20 por ciento de la población”, dijo.

Además, agregó, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y Cofepris, se ha informado de la próxima caducidad de más de 14 millones y medio de dosis de vacuna de AstraZeneca. En primer lugar, se detallaba que los lotes de vacunas que estaban destinadas a caducar en “abril 2022”, pero ahora será desde el próximo 14 de mayo y en fechas cercanas posteriores.

“Es urgente que la Auditoría Superior de la Federación investigue qué pasará con esa gran cantidad de dosis que posiblemente no se administrarán, y verifique si la negligencia en la administración de estos lotes constituye un daño patrimonial a la hacienda pública y una violación del derecho a la salud para la población, sobre todo menores de edad, que no han sido vacunados”, finalizó.