Por: Redacción

La mayoría de las 3 mil 572 personas que salieron de las cárceles de la capital del país durante el periodo enero-septiembre de 2016 recibieron el Seguro de Desempleo que otorga el gobierno de la Ciudad de México, reportó la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta León.

Señaló que la cobertura llegó al 92 por ciento, toda vez que en ese lapso la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo benefició con el seguro a 3 mil 321 internos e internas preliberadas o liberadas, que contaron con recursos económicos para hacer frente a sus necesidades.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que en el periodo enero-septiembre de 2016, la Secretaría del Trabajo entregó el seguro a 2 mil 959 hombres y 362 mujeres.

“Vemos con agrado que los programas sociales lleguen al Sistema Penitenciario de la ciudad y, sobre todo, que el Seguro de Desempleo se entregue a quienes estuvieron privadas de su libertad y que no pueden encontrar trabajo fácilmente debido al estigma social que pesa sobre ellos por haber estado en prisión”, añadió.

Sin duda, dijo, el apoyo de más de 2 mil 150 pesos que ofrecen las autoridades de la Ciudad de México a las personas preliberadas o liberadas contribuirá a una mejor reinserción social de los ciudadanos que cumplieron sus condenas en los centros de reclusión.

Recordó que el Seguro de Desempleo está contemplado en la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, publicada el 8 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y los beneficiarios recibirán el incentivo económico durante seis meses.

Dijo que el de acuerdo al ordenamiento el monto del Seguro de Desempleo ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (cuya equivalencia en pesos es de 71.68 para el año 2006) y será entregado mensualmente al beneficiario o beneficiaria que cumpla con los requisitos y obligaciones correspondientes.

La diputada reconoció el compromiso que tienen las autoridades de la ciudad hacia la población penitenciaria, principalmente hacia los grupos vulnerables que compurgan condenas por diferentes delitos, tal es el caso de adultos mayores, indígenas, personas con capacidad diferentes, mujeres solteras, niños y niñas de madres en reclusión, así como la comunidad lésbico-gay.