Por: Oscar Nogueda/

Amnistía Internacional impulsó una Acción Urgente a nivel mundial para exigir al Gobierno mexicano garantizar los recursos que permitan la operación de los programas que atienden a mujeres violentadas.

“Debido a la falta de claridad sobre la forma en que los recortes presupuestales afectarán programas destinados a brindar servicio de atención  a las mujeres que viven violencia, y ante la reducción de presupuesto para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs). Amnistía Internacional impulsa una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan teniendo los recursos que les permitan continuar con su labor fundamental”, señalaron las OSC´s.

Asimismo, las OSC´s solicitaron al Gobierno federal dar prioridad a la protección de los derechos de las mujeres y garantizar los recursos necesarios para las CAMIs, así como a  otros programas destinados a atender a las mujeres víctimas de  violencia 

El 23 de abril, el Presidente López Obrador emitió un Decreto para recortar los recursos al presupuesto federal del 2020 y redirigirlos a la atención de la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suspendió temporalmente los recursos para el programa de los pueblos indígenas, el cual incluyen los recursos para las CAMIs, un tercio de estas Casas de Atención han dejado de otorgar atención integral a mujeres indígenas y afromexicanas.

“Los servicios proporcionados por las CAMI permiten a las mujeres indígenas y afromexicanas acceder a sus derechos. Las CAMI son un espacio en el que las mujeres indígenas y afromexicanas reciben atención y apoyo culturalmente aceptables. Las CAMI se gestionan respetando la perspectiva de género y los derechos humanos, y trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres y para promover los derechos sexuales y reproductivos”, precisó Amnistía Internacional.

El 22 de mayo, las organizaciones sostuvieron una reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y las dependencias gubernamentales encargadas de la atención de violencia contra las mujeres para  conocer la disponibilidad presupuestaria de los programas de atención a mujeres, sin embargo, no obtuvieron una respuesta clara a sus demandas.

“Al día de hoy, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destinó la cantidad de 8.5 millones de pesos, de un total de 30 millones que se requieren para que las 35 CAMIs puedan dar respuesta a la demanda creciente de las mujeres indígenas que enfrentan violencia de género, acceso a la salud sexual y reproductiva, y especialmente atención a mujeres embarazadas”, externaron las OSC´s.

Después de dos meses de la reunión con la Secretaría de Gobernación,  Amnistía Internacional manifestó que las autoridades federales no han comunicado si el recorte presupuestal  afectará a los programas que promueven a los derechos de las mujeres y atienden a las  víctimas de violencia.

Las organizaciones enfatizaron que no se han llevado a cabo otras reuniones con las autoridades federales, a pesar de que se acordaron juntas mensuales para darle seguimiento a este tema.

Por último, Acción Urgente cuenta con el apoyo de Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS), la Red Nacional de Refugios (RNR) y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs), además de la red de activistas de Amnistía Internacional.