Por: Redacción/

Los órganos constitucionales autónomos serán, indiscutiblemente, equilibrio del poder y elemento fundamental para cumplir el mandato ciudadano del primero de julio: combatir la corrupción y establecer una política de austeridad en la administración pública, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales (INAI).

“Los órganos constitucionales autónomos: el Banco de México, la CNDH, el INE y el INAI son una manifestación de cómo se le arrancó al Ejecutivo procesos que resolvía de manera solitaria o bajo el esquema de su enorme correlación parlamentaria” subrayó Acuña Llamas, al participar como ponente en el curso anual de apoyo académico a los estudios de posgrado y profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2018 al verano de 2019.

El comisionado presidente del INAI resaltó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) son instituciones hijas de la transición democrática que empezó en 1977 y que para algunos comenzó una modulación en el 2000, cuando se conquistó la alternancia.

“La conversión del IFE en INE y la conversión del IFAI en INAI son flores de la consolidación democrática, es decir, ya son otros estadios; primero transición, luego alternancia y luego consolidación democrática”, apuntó el comisionado durante su participación en la mesa redonda “Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018), a la democracia pluripartidista en México”.

Acuña Llamas sostuvo que los órganos autónomos además de fungir como contrapesos al poder garantizan a los ciudadanos derechos que no pueden dejarse de lado en la consolidación de un Estado democrático.

“La austeridad que se propaga y que se ha planteado tiene que tener también topes racionales, porque las instituciones autónomas y cualquiera otra burocracia no puede funcionar si se evita su fin constitucional”, enfatizó. El comisionado presidente del INAI reiteró que en las políticas de austeridad y anticorrupción, que son prioritarias para el próximo gobierno, requieren de la transparencia y el acceso a la información como herramientas indispensables para conocer y evaluar la gestión pública. “Austeridad sí respecto de derroche o despilfarro, respecto al gasto excesivo, pero jamás respecto de aquello que impida que las instituciones que nacieron para una misión constitucional y legalmente reconocida abdiquen de ellas o tengan que prácticamente abandonarlas porque no puedan resolverlas”, señaló. En ese sentido, Santiago Nieto Castillo, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que es necesario proteger a los organismos constitucionales autónomos. “Yo he aplaudido hasta rabiar la resolución del INAI que apertura el expediente de Odebrecht, porque me parece que es fundamental que en un Estado democrático se puedan ver las actuaciones ministeriales, versus un derecho de acceso a la información pública y que los servidores públicos, que por su propia voluntad deciden ponerse en la palestra pública, tienen un umbral de protección al derecho al honor o a la intimidad que es más reducido y es más importante el derecho de acceso a la información pública en temas vinculados con grandes temas de corrupción”, destacó. Afirmó que el INAI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el INE, debe continuar sus funciones como organismos constitucionalmente autónomos. Participaron en la mesa redonda Marco Antonio Baños Martínez, consejero del INE; Javier Mier Mier, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango; Armando Soto Flores, jefe de la división de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y Luis Jorge Molina Piñeiro, presidente del Colegio de Profesores-Investigadores COPUEX. Estuvieron presentes Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM y Fabián Mondragón Pedrero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM.