Por: Redacción/
Ante la inminente discusión de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, diversos organismos internacionales, instituciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil han mostrado preocupación por algunos aspectos del proceso de discusión y del contenido de la iniciativa, señala una análisis elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.
La nota titulada “Algunos aspectos en torno a la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, destaca que el decreto que dio origen a la FGR estableció en un artículo transitorio que transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la FGR se tendría que hacer una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía.
El 7 de octubre de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Dicha iniciativa plantea que es necesaria la expedición de una Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) que tenga como objetivo establecer la integración, funcionamiento y atribuciones de la FGR de forma clara y realista. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
El documento del IBD resalta que, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la iniciativa de la LFGR podría poner en riesgo la efectiva implementación de la Ley Orgánica vigente y la oportunidad de culminar el proceso de fortalecimiento de la FGR.
Esta misma oficina ha advertido también que se suprimen diversos mecanismos creados para dichos fines, como lo es el Consejo Ciudadano y se disminuye significativamente el rol del Senado de la República al respecto.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, por su parte, ha señalado que la redacción de diversos artículos sustrae a la FGR de sus obligaciones para la búsqueda de personas desparecidas.
La Comisión de Justicia del Senado de la República convocó a un Parlamento Abierto el lunes 1 de marzo para recoger la opinión de especialistas y organizaciones no gubernamentales en torno a la anunciada reforma a la Ley Orgánica de la FGR.
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