Por: Redacción/

Los mecanismos de participación ciudadana son sanos para la democracia y deben ser promovidos por parte del Estado, sin la exclusión de grupos particulares, coincidieron especialistas durante el foro La participación ciudadana como instrumento para la evaluación de políticas públicas, convocado por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante el panel II “La transparencia como instrumento para que la ciudadanía evalúe políticas públicas. ¿Cómo medir sus resultados?”, Joel Salas Suárez, comisionado del INAI, afirmó que la información pública juega un papel fundamental para detonar la participación continúa de la sociedad.

“El gran desafío que se tiene como Estado mexicano es poderle dar la información necesaria a la población, no sólo para que evalúe, sino para que adquiera conciencia de los derechos que tiene y los haga exigibles, y si ponemos énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, en la medida que accedan a esos derechos, vamos a tener un mayor número de población informada, que podría pasar a hacer una evaluación”, enfatizó.

A su vez, Benito Nacif Hernández, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que la participación ciudadana es “una medicina para la democracia que se debe suministrar de forma correcta y con las dosis adecuadas”.

“Ya que mal suministrada, en dosis excesivas, los resultados de la participación ciudadana pueden ser contraproducentes en un sistema democrático. Es muy importante cuidar los procedimientos de participación ciudadana y garantizar la integridad de las formas en que la ciudadanía se expresa, ya que, si eso se descuida, la credibilidad de las decisiones y la confianza en las instituciones democráticas va a demeritar”, enfatizó.

En su oportunidad, Isabel Fulda, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), manifestó que la participación ciudadana es sana y positiva para la democracia, pero dependiendo del tratamiento que le dé el Estado, podría tener un resultado perverso. “Es importante el procedimiento, sus límites y el uso que se hace de la participación ciudadana, para tratar de evitar que se conviertan en mecanismos de simulación, que se puedan utilizar para tratar de legitimar cierto tipo de decisiones o políticas públicas, cuando esta participación ciudadana no es real y no es efectiva”, indicó.

Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dijo que, mientras más democrático un país, el peligro de que no se dé a conocer la información pública es menor.

“Hoy en México, el acceso a la información permite al ciudadano ser mucho más activo, tener mucha más exigencia de lo que el gobierno diga y estar permanentemente preguntándonos si lo que dice el gobierno es cierto y que lo compruebe. Al final de cuentas, el dinero que usan los gobiernos viene de los contribuyentes”, señaló.

Finalmente, Javier Berain García, director de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, reconoció que las tecnologías de la información pueden significar un factor de exclusión social, ya que, en los procesos de evaluación de políticas públicas, se pueden tener acciones en línea, enfocadas a grupos de ingreso alto.

“Lo que busca la Agencia es voltear a ver a otras poblaciones, las históricamente excluidas por el Estado y que son las que más necesitan del Estado. Cuando buscamos hacer procesos de participación, cuando buscamos poner a disposición información, con mecanismos proactivos de transparencia, lo que buscamos es dársela a la gente que más la necesita”, apuntó.

El panel fue moderado por la consejera honorífica del Consejo Consultivo del INAI, Nuhad Ponce Kuri.