Por: Israel Mendoza Pérez/

El encuentro a puerta cerrada en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador con viudas y deudos de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, sembró cizaña entre los dolientes debido a que la propuesta económica y erigir un memorial se quedó en el aire y sólo se apostó a la necesidad y la pobreza.

La reunión del lunes 31 no se llevó a cabo con todas las familias de los 65 mineros fallecidos. Debido a que la convocatoria del Gobierno Federal no consideró un viaje de más de 20 horas, en plena pandemia, y por ello la reunión fue con uno de los dos grupos existentes de los deudos de la tragedia.

Por ello es que en la próxima semana acudirán la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez a la región carbonífera de Coahuila para dialogar y llevar en concreto la nueva propuesta a los afectados.

En febrero de 2019, la secretaria Luisa María Alcalde informó que el grupo de expertos nacionales e internacionales consideró que es técnico y teóricamente viable, por lo que en octubre de ese año iniciará la fase final del rescate de los cuerpos de los mineros. Promesa incumplida y mal proyectada.

Los cálculos no han sido los más certeros para la cuatroté con respecto a este tema. Tampoco es el primer gobierno en intentar darle cobijo a los deudos y mantener en la impunidad a Grupo México. Hace 10 años, una encuesta de Parametría reveló que 42 por ciento de los encuestados señaló que la responsabilidad de la muerte de los mineros se achaca principalmente a la empresa minera.

La popuesta reciente es levantar un memorial en honor de los 65 mineros caídos y una indemnización de 3 millones 700 mil pesos a la familia de cada uno de ellos, sin embargo, Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, aclara que la reunión en Palacio Nacional no fue con todas las familias ya que éstas pertenecen a 10 pueblos diferentes y lo que se buscó es que fueran los funcionarios los que acudieran a la región para evitar durante el confinamiento la movilización de personas en un viaje de muchas horas.

Además, considera que desconoce en qué se basó el Gobierno Federal para hacer la estimación de la indemnización y a final de cuentas son las familias las que decidirán si la aceptan o no. Más allá de eso y otras propuestas existentes a lo largo de los 14 años de lucha es que el común denominador es el rescate de los restos de los mineros.

De acuerdo con los estudios que se tienen, el rescate se puede llevar a cabo con rampas y podrían tardar entre cuatro a seis años. Aunque se puede extender a 10 años. Sin embargo, el gobierno asume indemnizar a las familias con 3 millones 700 mil pesos que sería dinero de erario. En tanto, que Grupo México que preside Germán Larrea hace oídos sordos pese a que entre abril y junio de este año tuvo ingresos por 2 mil 208 millones de dólares.