Por: Redacción/

En la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, ‎Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES y PRD externaron preguntas sobre las acciones para combatir las malas prácticas y la opacidad en el gobierno; evaluación de las políticas de austeridad; prevención de soborno en las instituciones y dependencias, y declaración patrimonial.

Al iniciar la ronda de preguntas de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) afirmó que si algo ha caracterizado a este gobierno es su lucha contra la corrupción y su tesón para garantizar la austeridad republicana en los tres Poderes del Estado. Desde el Congreso, dijo, se ha trabajado para asegurar el cabal y honesto ejercicio de los recursos públicos. “Se ha reducido el despilfarro, la frivolidad y el dispendio. Se puso punto final a los gastos superfluos, a los lujos y a la opulencia”.

Mencionó que en este año se logró por primera vez que el cien por ciento del gabinete hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales; se recibieron aproximadamente 20 mil denuncias por corrupción o faltas administrativas en toda la administración pública federal; concluyeron 3 mil 536 indagatorias y permanecen abiertas otras 16 mil 387. “Falta camino, pero seguiremos trabajando para combatir las malas prácticas y la opacidad del antiguo régimen; estamos comprometidos con la ardua lucha para lograr un gobierno digno, justo, honesto, transparente, austero y responsable”.

Su compañero de bancada, diputado Alfredo Antonio Gordillo Moreno, expuso que el trabajo de la dependencia es discreto y fundamental, y en el Poder Legislativo “estamos comprometidos con facilitar los medios y la estructura jurídica para que la administración pública sea funcional en el ejercicio del gobierno. Así quedó demostrado con la aprobación de la reforma de los artículos 116 y 127 de la Constitución”.

Dijo que la expectativa de la sociedad es que la secretaría cumpla y haga cumplir la ley mediante acciones de inspección, verificación, aplicación e implantación de normas y políticas públicas. Interrogó: ¿cuáles son las principales medidas preventivas de combate y de sanción a la corrupción, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas cometidas por servidores públicos?, y ¿cómo se ha sancionado a contratistas, licitantes y proveedores por faltas administrativas graves?

Josefina Salazar Báez, diputada del PAN, inquirió por qué aún no hay nada claro en el caso Manuel Bartlett, “no sabemos los motivos y las circunstancias que hicieron que el señor, hoy todavía en funciones, tenga en su propiedad 25 casas con un valor mayor de 800 millones de pesos. Aún no ha habido un caso en el que usted salga a dar una declaración clara y precisa sobre estos cuestionamientos que hacemos todos los mexicanos”.

Añadió que los grandes casos de corrupción de esta gestión, no han sido atendidos con la diligencia y con la contundencia que amerita. “En esta legislatura estamos haciendo discusiones relacionadas con el tema del lavado de dinero, corrupción, defraudación fiscal, delincuencia organizada y seguridad nacional, por tal razón consideramos que estas respuestas tienen que ser respondidas. No queremos pensar que el presidente pase de una honestidad valiente a una omisión cobarde”.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) señaló que su grupo parlamentario está a favor de impulsar una gestión eficaz y eficiente de los recursos, pero no apoyará reducir el gasto, dañando los servicios básicos que debe proporcionar el Estado. “La austeridad nunca debe ser tal que impida el correcto funcionamiento de los órganos del Estado, para ello debe de existir racionalidad presupuestaria, correcta evaluación, fiscalización y otras medidas administrativas”.

Destacó que hasta al momento, no se conoce una metodología clara que permita evaluar si las políticas de austeridad están funcionando. Generar ahorros en el gasto público, dijo, no garantiza buenos resultados en materia educativa, en salud y seguridad, ni tampoco blinda al gasto público de desvíos y de malos manejos. Inquirió cómo va el proceso de desconcentración de oficinas gubernamentales y asegurar que no hay duplicidad de gastos en proyectos que aún no arrancan.

Por el PT, el diputado José Luis Montalvo Luna señaló que en la Cuarta Transformación no hay cabida para “Casas Blancas”, ni “Estafas maestras”, ni sobornos en Pemex, pues hoy la Secretaría de la Función Pública cumple con su trabajo de manera cabal y efectiva; sin embargo, a pesar de los avances en esta materia, aún persisten prácticas de corrupción en la sociedad y en los funcionarios públicos que “es apremiante erradicar”.

Interrogó si es viable que los órganos internos de control instrumenten la norma ISO-37001, a fin de prevenir los actos de soborno en las instituciones y dependencias de la administración pública federal, y si se podrían reducir de manera contundente estos actos en las adquisiciones de gobierno, si se solicita a las empresas que participan en compras públicas que tengan esa certificación.

El diputado Mario Alberto Gutiérrez Carrillo (MC) pidió explicar las acciones que se han tomado y las que se habrán de implantar para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, los mecanismos de revisión de la evolución patrimonial, la comprobación de la veracidad de las declaraciones patrimoniales, la certeza de las declaraciones de conflicto de interés y las sanciones o procedimientos que se han aplicado por omitir declarar bienes y conflictos de interés y por no presentar la declaración fiscal.

“Queremos que se informe lo que se ha hecho, si cuentan con un sistema de evolución patrimonial y qué resultados han encontrado. Si han realizado investigaciones por anomalías y cuántas se han efectuado, y si ya hay responsables sancionados y qué medidas se van a tomar para prevenir este tipo de omisiones”, añadió.

Del PES, el diputado Ernesto Vargas Contreras señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son un deber y una obligación de todo servidor público y a la Secretaría de la Función Pública le corresponde velar porque los funcionarios cumplan con tales obligaciones. “Mientras haya corrupción en cualquier actividad, es deber de todas y todos, inculcar la importancia de ser transparentes, honestos, así como señalar y sancionar los graves daños que ha generado”.

Agregó que con la participación ciudadana se fortalece el trabajo para abatir la corrupción y la impunidad. Sabemos de los más de dos mil 400 funcionarios sancionados, casi un millar inhabilitados, 136 destituciones, sanciones económicas cuantiosas y amonestaciones públicas y privadas. “Tenemos esperanza y fe en lo que usted está realizando”. Preguntó: ¿qué acciones está tomando la dependencia para revisar las actuaciones y decisiones del tren México-Toluca?, y sobre el supuesto y mencionado desvío de recursos de un fondo de Banobras, ¿qué acciones preventivas o de investigación han realizado?

Raymundo García Gutiérrez, diputado del PRD, afirmó que este gobierno ha significado un retroceso en materia de transparencia y legalidad en el ejercicio de la administración pública; las irregularidades, opacidad, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, “han sido el fiel de la balanza en esta autodenominada Cuarta Transformación; la figura de los superdelegados ha sido aprovechada para aspiraciones personales, establecer el nepotismo como práctica común y continuar con la tradición de realizar negocios al amparo del poder”.

Precisó que de los 122 mil 55 contratos celebrados en esta administración, el 80 por ciento se han asignado por adjudicación directa; 7 por ciento, por invitación restringida, y sólo un 13 por ciento por licitación pública. Además, externó su inquietud por el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, “quien está señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción, porque gracias a familiares y prestanombres tiene un patrimonio con un valor mayor a los 800 millones de pesos”.

En su respuesta, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros expresó que en este gobierno la corrupción ya no se tolera, y “ya no hay intocables y se ha demostrado con las investigaciones abiertas. Se ha sancionado, a servidores públicos de la pasada administración como de la actual”.

Detalló que algunos del actual son altos mandos y están siendo investigados e incluso se han tomado ya medidas sancionatorias a algunas de sus empresas involucradas con ellos. “Pero, lo que sí tenemos claro es hacer todo con mucha responsabilidad, con mucho apego a la norma y uno de los principios fundamentales para realizar nuestras tareas son el principio de presunción de inocencia y el de exhaustividad”.

Se requiere, añadió, hacer las investigaciones como corresponde, cumpliendo las diligencias en tiempo y forma y yendo a fondo para que las indagaciones sean exhaustivas, muy concretas y se apeguen a los procedimientos y a los tiempos. “Por ello, no podemos acusar a priori, ni perseguir a nadie, como sí lamentablemente ocurría en el pasado”.

La funcionaria abundó que el nepotismo quedó en el pasado, y está definido en el artículo 4, fracción IV también, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, “es una ley que emerge de la Cuarta Transformación”.

Sobre el tren interurbano de México-Toluca, dijo que hay un diagnóstico claro, se han hecho auditorías sobre este fallido tren interurbano. El proyecto originalmente se registró en la cartera de inversión ante la Secretaría de Hacienda, en 2014, con un monto de más de 44 mil millones, y de acuerdo a la información publicada hoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2018 se tenían comprometidos casi 52 mil millones, lo que representó un sobrecosto insostenible de 15 por ciento.

Relató que se concluyó esta auditoría en lo relativo a uno de los tramos. En esta auditoría también se entregó la información y la documentación comprobatoria para que se atiendan los expedientes emitidos. En los próximos días se va a formalizar ya el inicio del seguimiento respectivo a estas observaciones que las auditorías generaron, para que se determine lo procedente.

Sandoval Ballesteros indicó que en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, se promovieron cambios en los formatos de la declaración de situación patrimonial que se habían aprobado irresponsablemente justo antes de cerrar el gobierno pasado, para que “ahora sí caminemos a formatos más simples, amigables al servidor público, y más efectivos para analizar la evolución patrimonial y los conflictos de interés”.

En la actualidad, dijo, se tiene un formato con 400 campos, pero además varían de acuerdo al perfil del funcionario público obligado a declarar. “Los de mayor mando y jerarquía, y sobre todo de más vulnerabilidad en términos de los riesgos anticorrupción o corrupción, tienen más obligación de dar información sobre sus conflictos de interés y sus patrimonios, que los funcionarios que no necesariamente tendrían que dar esta información de sus relaciones personales”.

Los nuevos formatos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de septiembre, y ya van a estar listos para que se utilicen a partir del año próximo.

En cuanto a las políticas de austeridad, expresó que consisten esencialmente en reducir los lujos, el gasto operativo, el dispendio innecesario, el derroche y fortalecer el gasto social. “Los ahorros van a ser enormes; se han devuelto casi nueve mil plazas de mando y enlace con ahorros de casi 5 mil millones de pesos, y ello nos ha dado ahorros millonarios”.

Puntualizó que la meta de ahorro es de 10 mil millones de pesos, pero se lleva buen avance porque a la fecha hay más de cinco mil millones de pesos en ahorros, que “evidentemente van a ser reinvertidos al desarrollo social”.

Esta austeridad republicana, añadió, tiene el objetivo de reducir lo superfluo, pero sobre todo, robustecer el tema de la inversión pública. “No tiene en lo absoluto nada que ver con afectar el gasto social, o los de educación o los médicos. Al contrario, va a generar mayores y mejores recursos, ahorros y mejores montos para los servicios médicos”.