- Desde la semana pasada, el gobierno de Joe Biden ha expulsado a personas migrantes, bajo el título 42, por medio de vuelos al sur de México. El COMDHSM documentó un vuelo diario, entre el 9 y 10 de agosto, con personas deportadas bajo esta medida.
Por: Oscar Nogueda/
Cinco agencias de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por la implementación del Título 42 por parte del gobierno estadounidense, el cual restringe la entrada de personas extranjeras por razones de salud pública.
“La Covid-19 representa desafíos importantes para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumento de salud pública no es una respuesta viable”, apuntaron las agencias internacionales.
Para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) está norma ha colocado a las personas migrantes en una situación crítica, ya que son expulsadas de Estados Unidos mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios y sin tener acceso al sistema de asilo.
Asimismo, mencionaron que los albergues de la sociedad civil en la frontera norte están rebasados, lo cual se ve acrecentado por la pandemia de la Covid-19 y la falta de protocolos de salud para evitar los contagios. Por ello, resaltaron la necesidad de fortalecer la respuesta de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil para atender esta situación.
Desde la semana pasada, el gobierno de Joe Biden ha expulsado a personas migrantes, bajo el título 42, por medio de vuelos al sur de México. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) documentó un vuelo diario, entre el 9 y 10 de agosto, con personas deportadas bajo esta medida.
Igualmente, mencionaron que las autoridades migratorias mexicanas y efectivos de la Guardia Nacional transportaron a los migrantes, principalmente mujeres y familias, desde Tapachula a Talismán, frontera con Guatemala. Las organizaciones indicaron que las personas en contexto de movilidad fueron abandonadas en dicha frontera, además refirieron que no existe claridad sobre el proceso administrativo que levaron en México.
“Estos fueron los primeros vuelos en llegar a Tapachula tras el anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42, una medida instaurada en el mandato de Donald Trump que permite la expulsión inmediata de personas con el pretexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, aunque no hay evidencia científica que avale la efectividad de esta medida. Desde la semana pasada, se había reportado el inicio de estos vuelos como parte de una estrategia para disuadir los cruces y evitar el aglomeramiento de personas en la frontera norte de México y los centros de detención en Estados Unidos”, manifestó el COMDHSM.
Al mismo tiempo, las organizaciones reportaron la llegada de un vuelo nacional, el cual trasladó a personas migrantes detenidas en estaciones migratorias del centro y norte de México. Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) negó la posibilidad de solicitar asilo a estas personas.
También, tuvieron conocimiento de dos vuelos provenientes de Brownsville, Texas que llegaron a Villahermosa, Tabasco. A partir de este momento, los migrantes fueron trasladados a la frontera El Ceibo con Guatemala y dejándolos en dicho lugar.
“Estas expulsiones desde Estados Unidos y traslados para deportación desde otros estados mexicanos a la frontera sur de México, coordinados por ambos gobiernos, están vinculadas a la situación que se vive en la frontera norte, en donde desde hace 17 meses hay un cierre para los cruces considerados no esenciales, y entre ellos se incluyó a las personas que buscan solicitar asilo en el vecino país. Las expulsiones de esta naturaleza ponen en un riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo”, externó el COMDHSM.
Cabe destacar que el 3 de agosto termino el periodo de excepción del Título 42 y , por ello, no se aceptaron más casos de personas migrantes en la frontera de México y Estados Unidos bajo este proceso. Esta situación ha generado incertidumbre en la población migratoria debido a la falta de claridad en los procesos administrativos.
ACNUR expresó que las expulsiones, por medio de esta política, coloca a las personas en contexto de movilidad en un situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de violar el principio de no devolución.
Para el Colectivo, estos actos representan una violación al derecho a solicitar asilo u otro mecanismo de protección internacional, lo cual los obliga a iniciar un nuevo recorrido en condiciones adversas a su vida, integridad y dignidad.
“Todo esto se realiza en un contexto de negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y México en las que, de nuevo, el gobierno mexicano está ejecutando políticas estadounidenses violatorias de derechos humanos, sin ningún fundamento legal y sobre las que existe una absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, en aras de despresurizar la frontera norte. Lo que, contrario al discurso del gobierno mexicano, evade la responsabilidad de protección de parte del Estado”, apuntó el COMDHSM.
Las agencias internacionales reconocieron la dificultad de la movilidad humana en la región, así como la necesidad de que el gobierno mexicano atienda movimientos migratorios mixtos. Igualmente, comentaron que continúa la tendencia creciente sobre la recepción de solicitudes de asilo en México, la cual se recuperó después de la disminución de restricciones fronterizas por la Covid-19.
Ante ello, señalaron que este aumento en la recepción de personas migrantes exige que México implemente acciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo, tales como políticas públicas centradas en las necesidades este grupo, generar alternativas de regularización e integración.
ACNUR destacó que las autoridades mexicanas deben considerar las particularidades de las personas migrantes en las medidas de protección, incluyendo la protección internacional en sus diferentes modalidades.
El Colectivo pidió al gobierno mexicano aclarar públicamente los cuerdos y operación de estas devoluciones, garantizar que las familias migrantes cuenten con información sobre sus derechos, así como el procedimiento de asilo en el país donde se sientan seguras y no condicionar la regularización en el país exclusivamente a la condición de refugiado.
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