- Las organizaciones indicaron que la pregunta aprobada, por la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN), para la consulta establece la creación de Comisiones de la Verdad para investigar las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos de las posibles víctimas.
Por: Oscar Nogueda/
Organizaciones civiles lanzaron la campaña #LaVerdadTrasLaConsulta, con el objetivo de visibilizar el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y de la sociedad mexicana como centro de la consulta popular del primero de agosto.
A pesar de que resaltaron la importancia de las consultas populares para conocer la voluntad social sobre un tema, las organizaciones subrayaron que el resultado de la consulta popular del próximo primero de agosto no evade la responsabilidad de las autoridades mexicanas para garantizar derechos.
Por ello, comentaron que los derechos se garantizan, ya que están protegidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales. Asimismo, el derecho a la verdad, la justicia, reparación y no repetición deben ser asegurados por el Estado.
Las organizaciones indicaron que la pregunta aprobada, por la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN), para la consulta establece la creación de Comisiones de la Verdad para investigar las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos de las posibles víctimas.
“Una Comisión de la Verdad como órgano temporal servirá para contar las historias que han sido negadas a las víctimas y a la sociedad. A su vez, desempeñará una función determinante para esclarecer los crimines, la corrupción y la impunidad”, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Aunado a ello, externaron que la instalación de estas comisiones permitiría garantizar la verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición a todas las posibles víctimas de violaciones a sus derechos.
En ese sentido, apuntaron que esta campaña es un llamado a la sociedad en general a conocer el papel de las víctimas en el marco de esta consulta popular y una exigencia al Presidente López Obrador para crear mecanismos para garantizar sus derechos, así como sancione a los perpetradores.
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