• Las organizaciones subrayaron la gravedad de esta situación, ya que las personas que usaron Pegasus tenían acceso acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono de las víctimas.

Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil pidieron garantizar una investigación diligente, objetiva, acceso a la justicia para las víctimas y medidas de no repetición para las personas afectadas por el espionaje del caso Pegasus.

Por ello, llamaron al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) a implementar un mecanismo de asistencia técnica internacional a las investigaciones en cursos sobre este caso, el cual cuente con el acompañamiento de organismos internacionales para que las indagatorias sean independientes, sólidas y exhaustivas sobre lo relativo al malaware.

A partir de la investigación internacional “Pegasus Project”, se dio a conocer que 15 mil números telefónicos mexicanos habían sido infectados por el spyware, entre los cuales se encuentran 109 defensores de derechos humanos y 25 periodistas.

Las organizaciones subrayaron la gravedad de esta situación, ya que las personas que usaron Pegasus tenían acceso acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamada y contactos del teléfono de las víctimas.

“Los actos de espionaje realizados durante el Gobierno de Peña Nieto no fueron hechos aislados e hicieron parte de una política de gobierno, que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento, en contra de personas defensoras y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización”, expuso Espacio OSC.

Dentro de las víctimas de este espionaje se encuentran Yesica Sánchez Maya, miembro del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca; Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; abogado Vidulfo Rosales.

Adicionalmente, las organizaciones esta acción ilegal respecto un ataque para las víctimas, sus familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y demás personas que acompañan la defensa de derechos humanos.

Por lo anterior, exhortaron a las autoridades mexicanas a supervisar el compromiso de cooperación de todas las instancias federales con las investigaciones ministeriales, transparentar los contratos de Pegasus con estas dependencias, específicamente del extinto Cisen y de la Defensa Nacional.

También, externaron que se deben fortalecer las medidas de protección de activistas y periodistas, así como crear los mecanismos necesarios para la rendición de cuentas con asistencias de órganos internacionales.

Por último, exigieron la conformación de mecanismos de control y transparencia en la adquisición de herramientas de vigilancia que puedan atentar contra los derechos humanos.