• Las ONGS mencionaron que el control migratorio, la criminalización y la represión afecta a las familias migrantes, así como promueve la violencia, discriminación y xenofobia.

Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil llamaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), al Instituto Nacional de Migración (INM) y a  la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a implementar las alternativas disponibles para brindar protección a las personas migrantes y refugiados que se encuentran en Chiapas.

“El Estado mexicano cuenta con un marco legislativo nacional e internacional amplio para proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en Chiapas, quienes se han visto obligadas a desplazarse forzadamente ante la falta de respuestas de las autoridades competentes, a través de la regularización y relocalización hacia otras ciudades”, mencionaron las ONGS.

Las organizaciones  dieron a conocer algunas propuestas de protección migratoria, tal como formas migratorias múltiples para garantizar el traslado seguro de las personas a lugares del país donde tengan redes de apoyo mutuo, regularización de todas las familias con hijas e hijos nacidos en México, residencias temporales  para quienes cuentan con una oferta de trabajo, estancia por razones humanitarias de 4 años y la implementación de un programa de regularización migratoria.

Frente a la propuesta de relocalización, apuntaron que se busca salvaguardar, proteger y acercar a las personas a sus redes de apoyo para que puedan insertarse en la sociedad, así como evitar que se desarrollen en condiciones precarias.

En ese sentido, refirieron que es necesario el análisis de contexto,  perfiles y necesidades de cada persona migrante y refugiada, así como la colaboración entre los tres niveles de gobierno, agencias internacionales y la sociedad civil para llevar a cabo estas opciones.

Cabe destacar que la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político reconoce el principio de no devolución, por lo que el gobierno mexicano no puede deportar a personas refugiadas o con necesidades de protección internacional a países donde se puede ver afectada su seguridad y vida.

Las organizaciones subrayaron que los migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en Chiapas no son una amenaza para la sociedad, ya que su integración ayudaría a la economía, al desarrollo y al intercambio cultural. Sin embargo, mencionaron que el control migratorio, la criminalización y la represión afecta a las familias migrantes, así como promueve la violencia, discriminación y xenofobia.

Por ello, pidieron una reunión con las autoridades mexicanas para analizar las diferentes propuestas para atender esta situación y evitar la continuación de las violaciones a los derechos humanos de esta población.