Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron a Eamon Gilmore, Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, que los efectos de la crisis sanitaria y económica han generado un impacto desproporcional a los derechos humanos de las víctimas.

En el marco de la novena edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos, las organizaciones civiles calificaron como positivo el reconocimiento  de la magnitud de crisis de derechos humanos  por parte del Presidente López Obrador, así como su compromiso de atender desapariciones de personas en el país. A pesar de ello, apuntaron que se han mantenido altos índices de violencia, violaciones de derechos humanos e impunidad.

En ese sentido, indicaron  el registro oficial de personas desaparecidas se mantiene con 61 mil 637 personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 184 desparecieron el año pasado y mil 277 son niñas y mujeres. Además, subrayaron que, en el 2019, se registraron 33 activistas asesinados, de los cuales cuatro eran mujeres y dos mujeres trans, así como el homicidio de 19 periodistas.

Aunado a ello, comunicaron que “Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Por otro lado, se registran 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados”.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación externó que, entre marzo y junio del 2020, se identificaron 103 agresiones contra los defensores del derecho a la salud, 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra activistas y periodistas, así como 237 personas desaparecidas.

Ante esta situación, las ONGs manifestaron su preocupación por las deficiencias estructurales de las instituciones de procuración y administración de justicia, la usencia de políticas integrales para la atención de víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México a resoluciones internacionales.

Las organizaciones remarcaron el debilitamiento de órganos reguladores y autónomos, las difamaciones contra los organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, el impacto de las políticas de austeridad en los derechos humanos y la falta de criterios técnicos en las políticas públicas relacionadas a los derechos humanos.

Sobre el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación  entre la Unión Europea y México, las organizaciones civiles sostuvieron que el cierre de negociaciones durante la pandemia del Covid-19 evidenció la prioridad de los actores económicos  sobre los derechos primordiales.

“Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras”, puntualizaron las ONGs.

Las organizaciones participantes exhortaron a la Unión Europea y al Gobierno mexicano a cancelar los megaproyectos que han provocado el asesinato de defensores y los que carecen de valoraciones sobre los impactos en los derechos humanos, así como implementar mecanismos para reparar los daños provocados  por actividades empresariales públicas y privadas.

“Reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia”, recomendaron las ONGs.

Por último, solicitaron fortalecer la cooperación técnica para un mayor acceso a  la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, además de la emisión periódica de alertas en casos de amenazas y  detenciones arbitrarias los defensores de derechos humanos y periodistas.