• El pasado miércoles, el gobierno federal publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la desincorporación del Cefereso número 6 ubicado en Huimanguillo, Tabasco. La organización agregó que esta es  la segunda desincorporación en menos de un mes.

Por: Oscar Nogueda/

La organización civil Documenta A.C aseguró que el cierre de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) carecen de información pública sobre la causas, intenciones y destino de las personas privadas de la libertad. Por ello, señaló que estas actuaciones atentan contra los derechos de las personas internas y sus familiares.

El pasado miércoles, el gobierno federal publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la desincorporación del Cefereso número 6 ubicado en Huimanguillo, Tabasco. La organización agregó que esta es  la segunda desincorporación en menos de un mes.

El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de agosto del 2020, el Cefereso tiene una población de 262 personas, las cuales “serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello” , de acuerdo a  la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Documenta interpuso dos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el cierre de los Ceferesos número 6 y 2, con el objetivo que la institución emita medidas cautelares para evitar violaciones de derechos humanos a las personas migrantes.

“AMLO sostuvo que el cierre del Cefereso  2 se dio en respuesta a la privatización de centros penitenciarios llevada a cabo en administraciones anteriores y por las que se destinan recursos públicos a centros federales con poblaciones menores a las de su capacidad. No obstante, no se ha ofrecido orientación, acompañamiento o asesoría a familiares y a personas trasladadas ni se ha ahondado al respecto”, indicó Documenta.

Ante esta situación, la organización manifestó que la administración actual debe aclarar las condiciones  de reclusión de las personas trasladadas a cárceles privatizadas, los mecanismos de supervisión de estas prisiones, así como el acceso a la justicia de las personas que fueron alejados de los juzgados que atienden sus casos.

“El ahorro de presupuesto público y llenar a su totalidad cárceles privatizadas para eficientar la erogación presupuestaria no puede ser el único argumento para modificar radicalmente la vida de cientos de personas y sus familias, el gobierno debe aclarar cómo se garantizará que el negocio de las prisiones, ahora alimentado con traslados, priorice el respeto de los derechos de personas privadas de la libertad por sobre las ganancias de este negocio”, puntualizó Documenta.

Por lo anterior, Documenta llamó al Sistema Penitenciario Federal a realizar los traslados en forma digna, informar sobre los detalles de esto cambios, garantizar que las personas privadas de la libertad sean trasladadas a prisiones cercanas a su lugar de residencia o al juzgado que lleva su caso, así como realizar estudios médicos a los internos y otorgar un trato diferenciado a las personas de grupos vulnerables.

“Solicitamos al gobierno federal  transparentar información detallada sobre el cierre de penales. Las llamadas medidas de austeridad gubernamental no deben aplicarse a ultranza, en completa opacidad y, mucho menos, atropellando derechos de poblaciones en vulnerabilidad”, finalizó Documenta.