Por: Redacción/

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó que México enfrenta una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y en el ámbito de la legalidad, donde existen altos niveles de impunidad, inseguridad, violencia y corrupción, mientras la población no tiene acceso real y efectivo a la justicia, tiene bajos niveles educativos, fuertes carencias sociales y gran número de personas viven en condición de pobreza.

Al participar en la mesa “Legalidad y Derechos Humanos”, dentro del Foro “Prioridades para un Programa de Gobierno”, subrayó que la formación en los valores democráticos y en derechos humanos son la base para plantear nuestras inconformidades y hacer valer nuestros derechos por las vías y cauces institucionales.

De manera particular se pronunció por el replanteamiento de las políticas económicas del país, para incidir en la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad, ya que el desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo en el ámbito de los derechos humanos.

Dijo que el gasto público debe tener perspectiva de derechos humanos, para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, que son clave para salir de la sombría espiral en que se constituyen la pobreza, desigualdad, exclusión y falta de acceso a la justicia.

Tras señalar que la violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, así como la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, destacó que esos factores, unidos a la impunidad y corrupción, han ocasionado que en diversas regiones del país se hayan alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas y del régimen de derechos humanos reconocido por nuestro sistema jurídico.

México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. No debemos incurrir en acciones que vulneren o pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho”, aseguró.

El Ombudsman nacional, demandó generar una nueva forma de ciudadanía y sociabilidad sustentada en un acuerdo fundamental en que todas y todos nos comprometamos y responsabilicemos por asumir los valores democráticos y los derechos humanos como una forma de identidad ética. Para ello, propuso fortalecer la actividad educativa como herramienta de prevención de violaciones a derechos humanos y de afianzamiento de una cultura de la legalidad en el país.