Por Vicente Flores
“Es grave cuando una irregularidad o abuso cometido por algunos servidores públicos, afecta los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, propiciando que el mismo quede impune y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia” aseguró Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El ombudsman nacional, firmó un convenio general para colaboración para desarrollar acciones de capacitación en materia de derechos humanos entre la CNDH y la Secretaría de Marina, donde se pronunció en contra de la participación de violaciones en esta materia por parte de elementos castrenses.
Luis Raúl González, afirmó que es necesario formar un nuevo paradigma cultural en el que, tanto las autoridades como la sociedad, de la importancia a proteger, respetar y hacer vigentes los derechos humanos.
“Cuando se determina una violación a derechos humanos no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución; se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia” reiteró el titular de la CNDH.
En tanto, añadió que las actividades de funcionarios públicos es la protección de las personas y de su entorno y, específicamente, las tareas de combate a la inseguridad y el crimen organizado “no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos”.
Puntualizó en la necesidad de que el estado mexicano garantice la justicia y la reparación del daño en cada caso en el que haya existido una violación a los derechos humanos.
“Ante la coyuntura crítica que atraviesa nuestro país, en la que el Ejército y la Marina han sido llamados al servicio para dar a nuestra sociedad la seguridad y condiciones de convivencia pacífica que otras instancias no están en capacidad de proporcionarle, a nadie conviene que se menoscabe o debilite a nuestras 6 instituciones armadas” concluyó.
En la firma del convenio se encontraba Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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