Por: Redacción

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, convocó a los Ombudsperson de la región centroamericana para que, junto con los Estados nacionales, impulsen prácticas preventivas de las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, así como otras que eviten la criminalización en su contra, para que realicen libremente su labor y las víctimas que representan accedan a la justicia a que tienen derecho.

“Los órganos del Estado –afirmó— están obligados a garantizar el respeto a los derechos de los gobernados en general y, en particular, evitar que se cometan abusos en perjuicio de las personas defensoras, por lo que deben implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la violencia en contra de este grupo de personas en todo el país, ya sea ejercida de forma individual o colectiva”.
Refirió que las y los defensores de derechos humanos enfrentan situaciones que los ubican en condiciones de riesgo que deben prevenirse y, en su caso, investigarse y sancionarse adecuadamente. Añadió que, por ello, los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han considerado la urgencia de atender la problemática de las personas defensoras como un grupo vulnerable que requiere especial atención.

Al hablar en la Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Panamá, González Pérez señaló que la labor de las personas defensoras de derechos humanos es insustituible, y la sociedad resulta afectada cuando son agredidas.

“Las y los defensores realizan una labor fundamental. Es mediante su trabajo de acompañamiento, de asesoría, de investigación, de divulgación, de litigio estratégico ante organismos o tribunales internacionales, entre otras acciones, que muchas personas pueden ser escuchadas o ser atendidas por las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas”.

Acompañado por el Relator de la ONU sobre defensoras y defensores de derechos humanos, Michel Forst, el Ombudsman mexicano presentó a sus homólogos centroamericanos las acciones que ha emprendido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la materia, especialmente la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, aprobada por el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional el pasado mes de febrero, donde se dirigieron recomendaciones de política pública a autoridades federales, estatales y municipales.

También se refirió a los pronunciamientos que se han hecho desde la CNDH sobre la relevante labor que realizan estas personas en el país, y anunció el lanzamiento de la campaña sobre ese tema a principios de 2017, así como el libro publicado en coedición con Tirant Io Blanch titulado “En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo”.

El Ombudsman mexicano destacó que mediante acciones como las mencionadas se proponen políticas públicas para proteger la labor de las y los defensores, que podrían ser replicadas por otras instituciones nacionales.

Por su parte, el Relator Michel Forst destacó las problemáticas que enfrentan las personas defensoras en el contexto de la construcción de megaproyectos, y que no necesariamente provienen de autoridades sino también de empresas y particulares, y que es necesario analizar para evitar que las y los defensores sufran alguna agresión como consecuencia de su trabajo.

En este encuentro los Ombudsperson de México y Centroamérica intercambiaron opiniones sobre la política migratoria de la región y los principales problemas que enfrentan las personas en contexto de migración en su tránsito por distintos países hacia los Estados Unidos.

En el marco de esta reunión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) y la Defensoría del Pueblo de Panamá suscribieron un convenio de colaboración para el desarrollo e implementación de actividades conjuntas, programas y planes en materia de derechos humanos, focalizado en la atención de temas comunes como migración, trata de personas, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, derechos de la mujer y la niñez, prevención de la tortura y promoción de sus legislaciones en armonía con los instrumentos internacionales, entre otros.

El documento, firmado por Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, y Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de Panamá, establece, asimismo, que las partes se proveerán mutuamente asistencia técnica y capacitación en investigaciones sobre abusos y delitos de autoridades en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Para la mayor eficiencia del convenio, las partes realizarán visitas recíprocas en ambos países para conocer a detalle el marco legal que las crea y faculta, y sus procedimientos de investigación, además de que se capacitarán sobre los procedimientos de recepción de quejas, atención a víctimas, investigación y emisión de recomendaciones.

También intercambiarán información, como la relacionada con estudios de buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos humanos en ambos países y a nivel internacional, además de ejecutar de manera conjunta proyectos de cooperación de interés mutuo, para lo cual se celebrarán convenios específicos de colaboración.

Para la ejecución de este convenio, la CNDH México designó a la Secretaría Ejecutiva, en tanto que la Defensoría del Pueblo de Panamá estará representada por la Dirección de Relaciones Internacionales.