• La activista precisó que, en las últimas tres administraciones, se ha invertido en el enfoque punitivo para enfrentar la comisión de delitos, lo cual no ha disminuido la violencia en el país.

Por: Oscar Nogueda/

La Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA) y aproximadamente 70 organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta al artículo 18 constitucional en materia de reinserción social, con el objetivo de iniciar un proceso de prevención del delito desde las cárceles mexicanas.

En entrevista con Mugs Noticias, Paola Zavala Saeb, socia fundadora de OCUPA, mencionó que “desde la Organización Comunitaria para la Paz presentamos esta  propuesta, contamos con el respaldo de 70 organizaciones que la han acompañado,  porque lo que  buscamos es trabajar en la  prevención social de la violencia.  Es trabajar en la estrategia de una política pública transversal que permita impedir que los delitos se cometan, pero no por el miedo sino por el lado de la oportunidad social”.

La activista precisó que, en las últimas tres administraciones, se ha invertido en el enfoque punitivo para enfrentar la comisión de delitos, lo cual no ha disminuido la violencia en el país. Asimismo, agregó que la Constitución Política considera la  reinserción social  únicamente a las personas privadas de la libertad con una sentencia, omitiendo un apoyo gubernamental a las personas recién liberadas.

“Actualmente, tenemos una estrategia de prevención que hemos  tenidos los últimos dos sexenios  y, ahora con el actual, de que la violencia se debe combatir con policías, Ministerios Públicos, reformas penales, populismo penal, Guardia Nacional, armas. Hemos apostado mucho al lado punitivo del delito. Ese lado punitivo ha estado y ahí están los resultados, no ha bajado el tema del delito en México. La Constitución solo habla de la reinserción social desde un punto de vista carcelaria y para los sentenciados, es decir deja afuera todas las personas que están prisión preventiva oficiosa, que es el 30 por ciento y, también, a las personas que han sido liberadas. No hay un foco del Estado en las personas que salieron de prisión y como se maneja la prisión”, manifestó Zavala Saeb.

El Proyecto de reforma  establece que los estándares internacionales en materia de derechos humanos reconocen la reinserción social cuando el individuo recupera su libertad, es decir las personas que han cumplido su condena, a los que han recibido un beneficio de preliberación, los que fueron absueltos o les revocaron la prisión preventiva.

“Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955, fueron actualizadas por su Asamblea General en 2015. A raíz de esta actualización, se adoptó el nombre de Reglas Mandela. Dichas reglas amplían los criterios de los derechos humanos dentro de la ejecución de las medidas privativas de la libertad, reconociéndoles a todas las personas su derecho a la dignidad, al porvenir y a la reinserción social e incluyendo condiciones fundamentales que los Estados deben garantizar a las personas liberadas. De ahí, la relevancia de armonizar nuestra Carta Magna con los estándares internacionales de conformidad con los principios constitucionales de convencionalidad y progresividad de los derechos humanos”, señala el Proyecto.

Zavala Saeb mencionó que la propuesta de reforma al artículo 18 de la CPEUM busca integrar un enfoque cultural y de cuidado de la salud emocional en la prevención terciaria, la cual se realiza con las personas privadas de la libertad y con las que están por egresar de los centros penitenciarios.

“Lo que buscamos es que, en la prevención terciaria, que es la prevención con las personas que están en cárcel y con los que están por salir de cárcel, se incorpore la cultura y la salud emocional como parte de los ejes del sistema penitenciario. Es importante mencionar la salud mental porque en los hechos no hay atención toxicológica en los centros penitenciarios, no hay psicólogos suficientes, no hay una capacidad institucional instalada para trabajar con ellos la parte emocional, que es parece crucial en un tema de prevención del delito e igual el tema de la cultura”, añadió Zavala Saeb.

La propuesta, en su segundo párrafo, indica que “en reclusión se garantizará el trato digno y humanitario basado en el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud física y emocional, la cultura y el deporte como medios para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad y procurar la no reincidencia”.

Asimismo, se prevé la implementación de políticas públicas por parte de los Gobiernos federal, estatales, municipales y alcaldías para atender las causas estructurales de la violencia, así como se garantice condiciones de vida  digna para las personas liberadas y su entorno social.

“Queremos ampliar el derecho de las reinserción social como un derecho de las personas que estuvieron en prisión, que quiere decir generar oportunidades y políticas públicas transversales, integrales, con enfoque de género  en el ámbito municipal, estatal y federal pero el derecho no solo es de ellos sino de la sociedad en general para que estas conductas no se vuelvan a repetir”, puntualizó Zavala Saeb.

La activista, también, subrayó  la ciudadanía debe saber que “la media  de la sentencias son por el delito de robo y de 10 años en jóvenes, es decir  van a  salir. La mayoría de las personas que están cárcel van a a salir antes de los 40 años. Tenemos que aprender este hecho con políticas de prevención y de integración social que permitan  un tema de reconciliación real y de prevención en general y del delito”.

Zavala Saeb: Las cárceles como entornos violentos

Hasta abril del 2020, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reportó un total de 207 mil 890 personas privadas de su libertad  por delitos del fuero federal y común, de los cuales 94.65 por ciento son hombres y 5.35 por ciento mujeres.

“Las personas que están privadas de su libertad tienen un perfil muy claro son personas pobres, con educación  básica, en edad productiva, en su mayoría jóvenes. En un altísimo porcentaje son hombres, el 95 por ciento de ellos. El 30 por ciento de las personas privadas de su libertad no tienen una sentencia, están en prisión preventiva oficiosa. La mayoría de ellas están por el delito de robo. La privación de la libertad tiene implicaciones, las cárceles son entornos muy violentos, justamente por estar  excluidos de la sociedad tienen mucha dificultad de  seguir con  un contacto con el exterior, sobre todo con sus familias”, manifestó Zavala Saeb.

Además, el 61.32 por ciento cuentan con una sentencia, mientras que  el 38. 13 por ciento son procesados dentro de las cárceles.  De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2018, 101 mil 512 personas ingresaron a los centros penitenciarios.

En ese sentido, el 70.8 por ciento de las personas ingresadas están en el rango de edad de 18 a 39 años, es decir personas en edad productiva ocupan el mayor porcentaje de ingresos a las cárceles. Asimismo, el 39.5 por ciento fueron internados por el delito de robo, el 14.4 por ciento por narcomenudeo, 8.7 por ciento por homicidio, 4.7 por ciento por lesiones y 4.3 por ciento por violencia familiar.

“La mayoría de ellos está por el delito de robo, que quiere decir esto que el Estado esta priorizado la persecución de  estos delitos  versus otros más graves, que lesionan más a la sociedad como puede ser homicidios, feminicidios, secuestro, trata de personas, lavado de dinero, entre otros. Estos jóvenes que roban dinero, que roban casa habitación, que roban el transporte público  y que roban en la calle, están enfrentándose a un entorno muy complejo. La mayoría nacieron en pobreza, sus papas probablemente hicieron  este esfuerzo de conseguir un trabajo con movilidad social y no lo lograron”, agregó Zavala Saeb.

La ENPOL 2016 reportó que el 29.6 de las personas son procesadas dentro de las cárceles, de las cuales el  43 por ciento tiene dos años sin recibir sentencia. Al mismo tiempo, la mitad de la población penitenciaria tenia penas menores de 10 años en prisión.

La encuesta del INEGI determinó que el 72.1 por ciento de la población privada de su libertad  cuentan con educación básica y el 19.2 por ciento con educación media superior. A su vez, el 70.3 por ciento tenían dependientes económicos al instante de su arresto.

Sobre sus fuentes de ingresos económicos, 88.6 por ciento de las personas privadas de la libertada mencionaron haber tenido un empleo antes de su arresto, no obstante, el 90 por ciento trabajan en empleos de bajos ingresos. Solo el 3.8 por ciento laboró como técnico o profesionista.

La integrante de OCUPA externó que “son chavos que no están dispuestos  a pasar sus vidas trabajando por el salario mínimo, este me parece un tema muy claro de inequidad social muy fuerte y lo que hacen ellos es robar. Yo no estoy  justificando el delito, pero es un problema que hay que entender. Hay un tema de inequidad del que nos tenemos que hacer cargo socialmente. Hay una nueva generación de jóvenes que no están dispuestos  a vivir con lo mínimo y como un poco el discurso echaleganismo  no les convence porque no es cierto, no ha habido movilidad social en generaciones  y está claro que el crimen organizado está reclutando a un montón de jóvenes  por salarios de 6 mil y 7 mil pesos. Eso tiene todo que ver con el tema de inequidad y violencia, de cómo nace, de cómo se reproduce la violencia en los barrios, en las familias”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisó que el consumo de drogas en la población penitenciaria supera el 50 por ciento, además  reprobó los servicios de atención psicológica y los programas de desintoxicación voluntaria.

“El problema de la farmacodependencia que se presenta en personas que cometen conductas delictivas en nuestro país no es algo secundario, sino una necesidad que demanda atención prioritaria ya que el consumo de estas sustancias complica la integración social y es un factor de riesgo de reincidencia. Es en prisión donde la atención al consumo problemático por medio de tratamientos de desintoxicación adecuados y estrategias reducción de daños debe de consolidarse para procurar la sana convivencia y el bienestar emocional de los internos”, agrega el Proyecto de reforma.

Aunado a ello, la ENPOL sostuvo que el 39.8 por ciento de las mujeres internadas y el 32.8 por ciento de los hombres han sido víctimas de ilícitos, tales como robo de objetos personales, lesiones, amenazas, extorsión y delitos sexuales.

“Como son personas pobres, desplazar a las familias a verlos cuesta mucho dinero porque, además,  adentro hay mucha corrupción y todo les cobran. Las familias los mantienen adentro y eso empobrece aún más a las familias.  También hay temas graves de consumo de drogas y no hay programas de desintoxicación adentro. Puede tener muchas secuelas en las vidas de las personas privadas de su libertad, no solo de ellos sino su entorno más cercano, sus familias, y su entorno social. Es un tema muy importante y evidentemente  cada uno ellos tienen sus problemas y complejidades personales para enfrentar la prisión”, sostuvo Zavala Saeb.

Obstáculos de reinserción social favorecen la reincidencia

“Es muy cotidiano ver que las personas salen a media noche sin  ropa, sin un lugar a donde ir, sin una tarjeta de transporte, sin ubicar donde están porque muchos en 10 años, que es la media de tiempo que están en la prisión, la ciudad cambia mucho. Muchos de ellos nadie va por ellos, nadie los recoge y sin van por ellos son personas que rápidamente externan los traumas y la violencia que vivieron dentro de prisión o tiene mucha presión de conseguir un trabajo  y  de poder cooperar en su entorno familiar. Muchos no tienen posibilidad de ello porque les niegan el trabajo por sus antecedentes  penales, enfrentan una realidad muy compleja. No se ha hecho nada, el día que salen de prisión deja de tener cualquier foco estatal o solo lo tienen para tener estigmas por los antecedentes penales pero no hay ningún tipo de ayuda  para  reinsertarse a la sociedad”, sostuvo Zavala Saeb.

En el periodo del 2016 al 2019, han egresado 521 mil 351 personas privadas de la libertad de los  centros penitenciarios estatales y federales, en comparación han ingresado 479 mil  881 individuos.

De acuerdo a la ENPOL  2016,  el 94  por ciento de las personas privadas de la libertad mencionaron que podría lograr una reinserción familiar al salir de los centros penitenciarios, mientras que solo  el 40.1 por ciento aseguro que  podría realizar una reinserción social al egresar. También, el 7 por ciento destacó que no cuenta con expectativas de tener una vivienda, el  63 por ciento espera regresar a sus antiguos hogares y el 30 por ciento no prevé regresar a sus anteriores viviendas.

El Proyecto presentado por las organizaciones civiles que las redes de apoyo, la estigmatización y discriminación, así como las limitaciones para conseguir un empleo impiden una reinserción social, ya que se obstaculiza la obtención de ingresos económicos. En el caso de las mujeres recién liberadas, estas problemáticas se agudizan por los roles de género y estereotipos sociales.

“La condición de vulnerabilidad de las personas liberadas se agudiza cuando los lazos familiares y las redes de apoyo se deterioran. Ello puede tener implicaciones tan inmediatas como el no contar con recursos para trasladarse, consumir alimentos o para tener un lugar de alojamiento, colocándoles en riesgo de vivir en situación de calle o regresar a los contextos en los que cometieron el delito. La falta de ingresos aumenta el riesgo de reincidencia, en particular en comunidades que han sido afectadas por los círculos de reproducción de la violencia que hoy son parte de su realidad cotidiana”, señala el Proyecto de reforma.

Paola Zavala agregó que “no podemos  pretender que la reinserción social se dé cuando las personas estén más excluidas, que es cuando están en cárcel. Podemos iniciar procesos que les den capacidad, herramientas  cuando estén en libertad. La reinserción social sucede  cuando están en libertad, cuando regresan a la sociedad. No hemos hecho nada para darles  las herramientas  necesarias para que delinquir no sea una opción  o para que estar en la calle no sea una opción y darles un futuro, que permita a todos prevenir la violencia en cualquier sentido y prevenir la reincidencia”.

Estos obstáculos favorecen la reincidencia de delitos, por lo que el 25.9 por ciento de las personas privadas de la libertad, en 2016, fueron acusadas penalmente por un delito anteriormente. El 24.7 por ciento estuvo recluido con anterioridad  en una prisión.  Al mismo tiempo, el proyecto de las organizaciones apunta que el más de la mitad de la población penitenciaria  fue sentenciada, con anterioridad, por robo y el 12.9 por ciento por posesión ilegal de narcóticos.

“La reincidencia es muy alta, no tenemos datos sobre la reincidencia porque se puede medir en varios momentos. El INEGI lo  mide con reingreso, las personas que reingresan a cárcel es del 25 por ciento, este es un número muy alto si se conoce que la mayoría de los delitos  no se denuncian y solo del 7 por ciento de los delitos que se denuncia y el  1.2 por ciento tiene consecuencias  penales. Eso te abre la posibilidad de que haya mucha más reincidencia, que la cifra negra de reincidencia es muy alta. Hay muchas dudas en el tema de reincidencia porque hay una cifra negra muy alta, hay muchas hipótesis. Sabemos que hay reincidencia”, comentó Zavala Saeb.

La activista añadió que otra posibilidad se debe a una estrategia policial discriminatoria y criminalizante de la pobreza, ya que las autoridades pueden estar investigando, juzgando o sembrando  delitos a las mismas personas pobres.

Por último, Paola Zavala Saeb comunicó que “esta iniciativa fue presentada por  senadores y senadoras de todas las fuerzas políticas. No estamos hablando de una propuesta que divida. Esta propuesta está al margen de todo   e intentamos generar un concenso político y social. Estamos optimistas,  estamos buscando que esta iniciativa  se discuta  junto con el paquete de justica, que se va a probar en el Senado en este periodo de sesiones , que se incluya porque no había ninguna propuesta  de prevención social , puede generar un concenso político social para generar una prevención del delito y trabajar temas de prevención y no solo punitivos”.