Por: Redacción/

La diputada María Luisa Noroña Quezada (PRI) planteó exhortar a la Secretaría de Salud a que emprenda una campaña permanente en el ámbito nacional, para inhibir la compra de medicamentos por Internet y alerte sobre los riesgos mortales y peligros a los que se exponen quienes incurren en esa práctica.

Indicó que la Secretaría de Salud estima que al menos 8 millones de personas compran algunos medicamentos o adquieren la totalidad de las medicinas para su tratamiento, en el mercado ilegal.

En un punto de acuerdo, la legisladora refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado a México como el segundo mercado más grande en América Latina, en lo que a la industria farmacéutica respecta.

Si bien lo anterior ha beneficiado por la diversificación de fármacos, marcas o diversos precios, también ha dado paso al mercado ilegal que, aprovechando la demanda creciente y diversa, ha encontrado un negocio sumamente lucrativo y con ganancias millonarias.

Además, con la disposición, alcance, cobertura, rentabilidad, facilidad y comodidad que brinda el comercio digital, el mercado negro de medicamentos ha encontrado la más ventajosa oportunidad para potencializar sus ganancias con el menor riesgo posible.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica ha señalado que tanto la falsificación y, en mayor medida, el comercio ilegal de medicamentos deja ganancias por un monto superior a los 11 mil 500 millones de pesos cada año, siendo Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México, las entidades donde se presenta con mayor prevalencia este delito.

Agregó que la Fiscalía General de la República tiene el registro nacional de que en los últimos 12 años, el robo de medicamentos se incrementó ocho veces.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica reporta que al menos 6 de cada 10 medicamentos que se comercializan u ofrecen a lo largo y ancho del territorio nacional, son robados o mínimamente falsificados, caducos, recuperados o producidos sin atender los mínimos controles y cuidados de calidad y sanitarios.

La Secretaría de Salud estima que al menos el 78 por ciento de la población mexicana recurre a la automedicación para la atención de distintas y variadas dolencias o síntomas.

Noroña Quezada recordó que, en 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ante la detección del vertiginoso despunte de la venta ilegal de toda clase de medicamentos y sus consecuencias, trabajó en conjunto con la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, en tratar de inhibir este problema.

Se dieron avances e importantes logros; se llegó a dar de baja un número significativo de sitios web donde se ofrecían y vendían medicamentos de toda índole; sin embargo, ese esfuerzo fue insuficiente.

Por todo lo anterior, la diputada subrayó en su punto de acuerdo que analiza la Comisión de Salud, que se debe actuar al respecto, y seguir insistiendo de manera frontal, decidida y permanente, ante este problema.

“No podemos permitir que la salud se ponga en riesgo, ni que la sociedad siga recurriendo y fomentando esta peligrosa práctica y los delitos que se derivan de ella”, concluyó.