La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso de nueve individuos investigados por su probable intervención en el homicidio de nueve víctimas, hechos ocurridos el 10 de julio pasado en la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca.

Se trata de Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, quienes desempeñaban cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente, así como David Jehuel “N”, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central. También fueron vinculados a proceso Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto.

Luego de revisar los datos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez determinó iniciar proceso legal contra estos nueve sujetos, estableció medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De las indagatorias realizadas por esta Institución derivado de los hechos ocurridos en las primeras horas del pasado 10 de julio, cuando individuos portando armas de fuego cortas ingresaron al área donde se encontraban comerciantes minoristas, conocida como “Isla”, donde habrían realizado disparos con las armas que portaban para finalmente prender fuego en el sitio, se determinó que Pascual “N”, Bryan Alejandro “N”, Jhoan Daniel “N”, David Jehuel “N” y Mateo “N”, presuntamente bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión referida.

Derivado de actos de investigación y declaraciones recabadas, se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra, sin embargo los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.

Se tiene conocimiento que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos. También se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras. Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente. Por si fuera poco, el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.

Por tales hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de todos los antes mencionados por su probable intervención como ordenadores y partícipes; mandamientos judiciales que fueron otorgados y cumplimentados por Agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Los posibles implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde el Órgano Jurisdiccional determinó vincularlos a proceso por homicidio calificado en agravio de nueve víctimas, sin embargo, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.