Por: Redacción/

La UNESCO en conjunto con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organiza el curso en línea Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas a partir del 2 de abril hasta 13 de mayo del corriente.

Ofrecido gratuitamente y en línea, la iniciativa estimula una formación continua, de creación de dialogo y conexión entre magistrados, magistradas, jueces, juezas, fiscales y miembros de los Ministerios Público Fiscal, Defensores Públicos y de los Poderes Judiciales de los 21 países iberoamericanos. Los participantes comparten desafíos similares frente a cuestiones como el rol del Poder Judicial en proteger y garantizar los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información pública y seguridad de los periodistas, aun siendo oriundos de diferentes naciones.

Al finalizar esta edición, en este mes de mayo, más de 8000 jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras y funcionarios de los poderes judiciales, ministerios públicos, defensorías públicas, instituciones nacionales de derechos humanos y órganos de acceso a la información pública habrán intercambiado seis semanas de debates con colegas iberoamericanos.

En esta línea de pensamiento, Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información de la Oficina UNESCO en Montevideo, destaca la importancia de la realización de la 4a edición de este MOOC para operadores judiciales de toda Iberoamérica. “Esta es la principal maravilla de esta iniciativa: En un contexto de desafíos para la protección de los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información pública y la seguridad de periodistas, contamos con el apoyo de organismos internacionales y con una red informal de 8000 operadores judiciales comprometidos con la aplicación de los estándares internacionales en el contexto nacional. Para la UNESCO es un placer poder participar de esta iniciativa”. Dicha red de operadores y operadoras judiciales, creada a través del curso, presenta una estructura sin límites geográficos cuyo propósito es promocionar y promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de periodistas, para que el trinomio democracia, desarrollo y derechos humanos alcance su máxima expresión.

En esta línea, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que “estamos ante un extraordinario esfuerzo conjunto de la Relatoría y de UNESCO para la incorporación de los estándares internacionales sobre el contenido y alcance de la libertad de expresión a la formación permanente de los magistrados. La cantidad de magistrados que han participado de este curso a lo largo de tres años habla y sus evaluaciones hablan por sí solas del éxito de este enfoque. Se trata además de la vía más efectiva para garantizar un diálogo fluido entre la justicia nacional y las obligaciones internacionales de los Estados en los casos que involucran la protección de la libertad de expresión”.

Declarado de interés por la Cumbre Judicial Iberoamericana, el curso está en sintonía con modelos contemporáneos de conocimientos compartidos en línea y sigue la metodología del programa de capacitación del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, en Austin. El contenido también explora temas como los principios orientadores del ejercicio de la libertad de expresión en Internet, la importancia de la pluralidad de los medios de comunicación, el acceso a información sobre violaciones de derechos humanos y derecho a la verdad. Así como el papel de la libertad de expresión frente a derechos como al honor, la reputación, la imagen y la privacidad.

El participante de la edición 2018 del curso, Carlos Eduardo Oliveira Días, juez en Brasil y exconsejero del Consejo Nacional de Justicia, concentra sus atenciones en el conocimiento del curso. “En estos tiempos en que el flujo de la información es intenso y extenso, es necesario que se tenga un cuidado especial con algunos elementos estructurantes de la comunicación. El primero de ellos es la garantía del acceso a la información, que debe ser asegurada a todo ciudadano por el Estado. Por otro lado, y justamente por ese motivo, debe ser asegurada a la prensa la correspondiente libertad de expresión, eliminando cualquier tipo de censura previa o medidas de coerción directa e indirecta al ejercicio del periodismo independiente. Mi expectativa en cuanto al curso se relaciona con el hecho de que entiendo que es fundamental que los operadores jurídicos -como Magistrados, miembros del Ministerio Público, defensores públicos y abogados – tengan pleno conocimiento de los paradigmas normativos y principios lógicos que rigen la libertad de prensa. Espero poder adquirir esa experiencia y el conocimiento necesarios para garantizar ese importante derecho fundamental”.

En este enfoque, que comprende la importancia de garantizar derechos fundamentales como la libertad de la prensa, se destaca el dato de que en la región de América Latina y el Caribe han sido asesinados 125 periodistas desde 2012 a 2016, según el “World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report”. Esta publicación de la UNESCO, junto a destacados socios internacionales, traza un panorama contemporáneo sobre la libertad de prensa y la seguridad de periodistas. El informe subraya que la impunidad por el asesinato de periodistas prevalece en la región: apenas 15% de los casos son clasificados como resueltos.

Por lo tanto, se entiende que una cultura de impunidad incita más casos de violencia contra periodistas, mientras que también trabaja para silenciarlos, fomentando la autocensura dentro de los medios y desaconsejando la investigación de temas sensibles como redes criminales, acceso a la información y corrupción. Para romper ese perverso círculo vicioso se cuenta con el imprescindible papel de las autoridades jurisdiccionales de la región.

Igualmente, María Magdalena Salazar Soro, Jueza titular del 2do. Juzgado de Paz Letrado de Huaraz de Perú, y participante de la edición de 2018 del curso revela que: “En el ámbito profesional donde me desenvuelvo, dentro de la Institución Pública del Poder Judicial de Perú, existe cierta resistencia a la intercomunicación con los periodistas de investigación, porque ellos comprueban y difunden los hechos de las malas prácticas dentro de la institución. Espero que en breve tomemos conciencia de lo que significa la libertad de expresión de los periodistas, para que no se sigan produciendo excesos contra ellos por sus opiniones que buscan erradicar las irregularidades dentro del tema de la Justicia”.

En las ediciones anteriores, el curso contó con la participación de 5 mil operadores judiciales en Iberoamérica. Tiene el apoyo de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de la Fundación para la Libertad de la Prensa, de la Asociación Latinoamericana de Internet, de la Escuela de Gobierno de la OEA, de la Universidad de los Andes, de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del Gobierno de Suecia.

Siendo así, se da la bienvenida a los 2422 operadores judiciales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Todos estos participantes se suman a esta iniciativa con la intención de compartir conocimientos e ideas respecto a la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas en toda la región iberoamericana.