Por: Redacción/

La creación de nuevas obligaciones fiscales a inversionistas privados en el sector minero de México beneficiaría a las poblaciones locales, ya que hasta ahora las aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB) y la recuperación de impuestos han sido muy bajas, señala la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con SNL Metals & Mining 2015, que publica las tendencias en ese sector, México es el primer destino de capitales para la exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo.

La cercanía geográfica con Estados Unidos y Canadá ha facilitado el intercambio de mercancías y la entrada de recursos monetarios, no obstante que esa actividad económica intensa ha repercutido poco en el bienestar de las sociedades locales.

La especialista explicó que hay buenas condiciones políticas, económicas y sociales para la minería, ya que “somos el quinto país con el mejor ambiente para hacer este tipo de negocios, según el reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015, por lo que “tenemos gran poder de atracción para esta actividad”.

A partir de las reformas efectuadas en 2013 y las posteriores se facilitó el otorgamiento de concesiones a empresas privadas que antes eran reservadas sólo para el Estado. De ese modo, los consorcios comenzaron a obtener mayores beneficios económicos y monopolizaron el territorio con rentas fijas.

Los impuestos aplicados no son progresivos ni consideran la cantidad de territorio ya obtenida y los empresarios mantienen varias facilidades para recuperar sus inversiones ante la crisis que enfrenta ese sector, protegiéndolos de cualquier riesgo antes que a la propia sociedad que habita en esas zonas.

La dotación de minerales que posee México está en los primeros lugares de producción global, tanto en los metálicos como en los no metálicos, siendo el primero en plata, el tercero en bismuto, el quinto en plomo, el sexto en zinc y el séptimo en oro, todos con altos niveles de rentabilidad y aplicaciones en la industria, tanto para bienes de alta tecnología como para refugio financiero durante las crisis económicas.

La académica del Departamento de Producción Económica ejemplificó que el valor de la producción minera en México en 2016 fue de 543,000 millones de pesos, el de los minerales metálicos de 221,000 millones de pesos y el de los metales preciosos de 80,000 millones de pesos, lo que en total significó una contribución total de la minería y metalurgia del cinco por ciento al PIB.

Sin embargo, la docente anotó que las condiciones en las que se explotan los productos son ventajosas para las compañías del sector, en detrimento de los ciudadanos, ya que los concesionarios pagan una cuota bienal por cada hectárea en posesión, comenzando en 6.77 y hasta 148.06 pesos por 50 años, que es el periodo por el que se otorga el permiso de explotación.

De manera paulatina las diferentes reformas legales y fiscales hechas a partir del modelo neoliberal, tales como la Ley Minera de 1992 y sus reformas subsecuentes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Ley de Inversión Extranjera Directa en 1996, han flexibilizado las exigencias del gobierno a este tipo de proyectos.

Si bien las reformas hacendarias realizadas en 2013 establecieron nuevas obligaciones para los contribuyentes del sector –las cuales apoyarían la creación del Fondo Minero– la recaudación de esos impuestos en 2015 sólo sumó 2,200 millones de pesos, es decir, menos de 0.1 por ciento de la recaudación total del país.